recorte de Mundo Obrero Junio 2012
Como cada año por estas fechas, vuelve la Iglesia católica a intentar convencernos por medio de costosas campañas publicitarias para que optemos en nuestra declaración de la renta por desviar en su favor una parte del impuesto. Con el fin de que marquemos la dichosa casilla de la Iglesia, ya saben. Los jerarcas eclesiásticos deberían andarse con cuidado o acabarán ardiendo eternamente en los infiernos por mentir. Porque ellos saben de sobra que el dinero que se embolsan por esta vía no va a sufragar la obra social de la Iglesia, sino a pagar salarios de sacerdotes (no de monjas, por cierto) y al sostenimiento de la propia estructura de la multinacional religiosa y del culto. Los datos los hace públicos cada año en informes de admirable rigor estadístico la plataforma cívica Europa Laica. Según los datos oficiales referidos a la declaración de IRPF de 2010, la Iglesia obtuvo por medio de la asignación tributaria cerca de 250 millones de euros, con un aumento sustancial de contribuyentes que marcaron la casilla. Esta cantidad engrosa el llamado Fondo Común Interdiocesano, que se nutre en un 94% de dinero proveniente del fisco y solamente en un 6 % de aportaciones de las diócesis (a despecho del compromiso adquirido por el Vaticano en 1979 de caminar hacia la autofinanciación). Los fondos que se destinan a las organizaciones religiosas de ayuda social, tales como Caritas o Manos Unidas, no provienen de lo recaudado por la aportación, a la Iglesia, sino casualmente del dinero que se asigna en la casilla de "fines sociales", del que estas entidades son beneficiarías junto a otras asociaciones no religiosas.
En 2010, las organizaciones sociales católicas recibieron de aquí aproximadamente 110 millones de euros, lo que supuso en torno a un tercio del total de lo entregado por el Estado con este objeto. La Conferencia Episcopal entrega anualmente donaciones a sus asociaciones de caridad, pero de manera voluntaría, exactamente igual que lo puede hacer cualquier particular. El año pasado, la propia Caritas informó que había recibido de su jerarquía 4 millones de euros. Teniendo presente que, entre subvenciones directas, exenciones fiscales y registro a su nombre de propiedades inmuebles, la Iglesia percibirá en 2012, de nuevo, más de 11.000 millones de euros del conjunto de Administraciones públicas, y añadiéndole a ello que Caritas es su proyecto de socorro social más importante, no parece que 4 millones sea una gran prueba de generosidad con los pobres del mundo. A pesar de lo cual, en la campaña publicitaria (portantos.com) se insiste en mostrar a monjitas ayudando a ancianos para convencernos de que garanticemos con nuestros impuestos los honorarios de los obispos.
Pero lo peor no son las cifras, ya de por sí escandalosas, sino el mero hecho de que el Estado ampare que una organización, religiosa o de la naturaleza que sea, se financie con evasión de impuestos, que para los simples mortales es un delito. Quien señala que desea entregar una parte de su impuesto a la Iglesia, no hace una aportación extra para que el Estado la transfiera, sino que ordena al Estado desviar a la Iglesia una parte de lo que va a dejar de pagar en concepto de IRPF. Es una forma, autorizada, de evasión fiscal, que de hecho hace que se pague a la Iglesia con el dinero de todos. El dinero de los impuestos es público, no para que cada quien disponga a placer sobre él. No es, pues, tampoco, alternativa laica real marcar la casilla de fines sociales, sino suprimir cualquier opción semejante en el Impuesto de la Renta, que ha de basarse estrictamente en la capacidad económica del contribuyente. Y, entre tanto, no marcar nada o poner la cruz en la casilla que dice "sin asignación".
