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¡GALLARDÓN DIMISIÓN!
¡QUE SE VAYAN!
domingo, 29 de julio de 2012
MANIFESTACIÓN EN MADRID CONTRA LA LEY DEL ABORTO DE GALLARDÓN
29/07/2012/ 12:00 horas
Imágenes de la Plaza Tirso de Molina
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viernes, 13 de julio de 2012
MANIFIESTO SOCIAL Y SINDICAL CONTRA LOS RECORTES
Una agresión sin precedentes
- MANIFIESTO SOCIAL Y SINDICAL CONTRA LOS RECORTES
Para este gobierno no hay
límite en los recortes. Los aprobados en el Consejo de Ministros del 13
de julio no serán los últimos. Quieren acabar con todo. Y lo quieren
hacer a costa de los de siempre: personas en paro, empleadas y empleados
públicos, pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes. En su agenda de
recortes no figuran las grandes corporaciones empresariales o las
rentas más altas. No conviene molestar a los amigos.
En el Congreso de los Diputados,
primero, y en Consejo de Ministros, después, el Gobierno ha aprobado el
mayor paquete de recortes que se recuerda en democracia. Una agresión
sin precedentes, no ya a los derechos de trabajadores y ciudadanos, sino
a los fundamentos de la Constitución, y a la propia democracia. Una
agresión de consecuencias laborales, sociales, económicas y políticas
que ha de tener la respuesta social y sindical adecuada.El presidente del Gobierno presumió hace tan solo unas semanas de no dejarse presionar por los mercados financieros y las autoridades comunitarias. "En todo caso, he sido yo el que los ha presionado a ellos", respondió ufano a las preguntas de los informadores. Su cinismo es insuperable. En poco más de quince días, ha acudido raudo a cumplir con las exigencias de Bruselas y ha precipitado la aprobación de cuantos recortes le han indicado, sin que se resquebrajen sus convicciones morales. Al contrario, si nos atenemos a la puesta en escena de las medidas anunciadas -sonrisa, aplausos de la bancada de la derecha y vulgares desprecios de la diputada Fabra incluidos- cabe deducir que, además de sentido de la justicia, a este Gobierno le hace falta una buena dosis de humildad y sensibilidad hacia los sectores más débiles de la sociedad.
De su paquete de recortes, únicamente se salvan los poderosos. Justamente aquellos que más deberían contribuir a superar la crisis y hacer frente a la situación que estamos viviendo. Personas en paro, asalariados, empleadas y empleados públicos, pensionistas, y personas dependientes han sido siempre el blanco preferido del Ejecutivo. Y en esta ocasión no iba a ser menos. El Gobierno vuelve a cargar contra la función pública, a cuyos trabajadores criminaliza, no sin antes eliminar su paga de navidad y reducir sus días de libre disposición; hace más
difícil la vida a las personas en paro, recortando sus prestaciones cuando más lo necesitan y empujando a muchas de ellas a la exclusión social y la pobreza; anuncia inminentes recortes en el sistema público de pensiones; y en su particular agenda de políticas antisociales, asesta un casi definitivo golpe a las personas dependientes y a quienes les atienden.
Por si ello resultara insuficiente, el Gobierno confirma el desmantelamiento de las empresas públicas, aplica una nueva revisión de las tarifas energéticas y baja dos puntos las cotizaciones sociales a los empresarios, lo que afectará a la viabilidad del sistema público de pensiones, algo que quizás pretendan equilibrar -que cruel sarcasmo- con los recortes anunciados a los futuros pensionistas.
En este contexto, la decisión de incrementar el IVA, un impuesto muy injusto porque grava igual a rentas bajas que altas, contraerá aun más el consumo y prolongará la recesión económica. Y la pregunta es inevitable: ¿Para qué elegimos un Gobierno que se saca de la manga un programa oculto y estafa así a la ciudadanía? ¿Qué nos va a quedar del estado social?
Llueve sobre mojado. Desde el primer día, este Gobierno no ha parado de decretar recortes, de despreciar las alternativas del movimiento sindical. Ha gobernado a golpe de decreto lo que deriva en un creciente deterioro de las instituciones democráticas. Invaden la autonomía municipal y las competencias de CCAA, sin importarles el descrédito de la política y la democracia, objetivo que tanto gusta a un sector de la derecha más extrema. Estas medidas vienen a sumarse a la reforma laboral que vulnera la negociación colectiva, recorta derechos y facilita aun más el despido, incrementando las cifras de paro. Dice hacerlo para incentivar la actividad económica, la única capaz de generar empleo; pero la economía sigue estancada y la recesión más fuerte que nunca. Con estas medidas, la situación económica empeorará y el paro superará los 6 millones de personas a finales de 2012.
Recurriremos a todos los instrumentos legales a nuestro alcance para responder a estas medidas. Antes de que acabe el mes de julio celebraremos una Cumbre Social y Sindical para decidir el calendario de movilizaciones. Convocaremos acciones concretas y sectoriales; implicaremos a todos los colectivos que sufren los recortes; haremos confluir la movilización laboral y ciudadana; prepararemos una gran marcha sobre Madrid en septiembre; emplazaremos al Gobierno para que celebre un referéndum a fin de que trabajadores y ciudadanos se pronuncien sobre los recortes; si rechaza la iniciativa será el movimiento social y sindical el que organice una consulta popular, y de acuerdo con el resultado, active la respuesta de movilización más adecuada.
ANTE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE DESMANTELAR
EL ESTADO DE BIENESTAR
· NO VAMOS A PERMITIRLO
· NO VAN A CESAR LAS MOVILIZACIONES
· HAY OTRA POLÍTICA
· HAN DE PAGAR MÁS LOS QUE MÁS TIENEN
Salud!
jueves, 12 de julio de 2012
Mundo Obrero Julio-Agosto 2012 - José M. Martín Medem
Rajoy ocupa RTVE y descoyunta las autonómicas.
La información, un servicio público. Ginés García
"El gobierno del PP acaba de realizar cambios en la dirección de RTVE así como en la estructura del Consejo de Administración, cambios que han ido en la linea de recortar la pluralidad y la participación en el organismo director de RTVE. Se reducen los miembros del consejo y los sindicatos mayoritarios no estarán presentes en la dirección de la pública. Con el decreto ley de RTVE se elimina la mayoría cualificada para la elección del Presidente lo que ha posibilitado que el rodillo popular se aplique en la elección tanto del máximo responsable Leopoldo González-Echenique como de los consejeros. Iniciando un modelo partidista en la gestión.
... ...
Estamos en una época en la que los servicios públicos están siendo objeto en España de una intensa laminación en el contexto y con el pretexto de una crisis económica y fiscal profunda y de las ópticas conservadoras del nuevo gobierno que no tienen más política que la reducción de los déficits y, en especial, de los servicios públicos abiertos o con proyección social, como es el caso de la televisión pública. Para la derecha el principal instrumento electoral que tiene el país, toda una declaración de intenciones.
La independencia y el pluralismo son, hoy, las referencias centrales para cualquier Servicio Público. Y, sin embargo, vemos como ambas van desapareciendo de la escena de lo público. La democracia necesita de una información veraz, plural y participativa, una información como servicio público. Frente a la caverna mediática y el TDT party, son lo medios públicos los que deben garantizar este servicio al conjunto de los ciudadanos y no es buen presagio el que un miembro de esa caverna mediática sea el director de los informativos.
... ... "
Fuente: Mundo Obrero Julio-Agosto 2012
martes, 26 de junio de 2012
NO a EUROVEGAS Ni en Alcorcón, ni en ningún sitio
Eurovegas y la historia del urbanismo
Del blog multipliciudades, investigación y teoría urbana en tiempos de crisis
en http://alcorcondeizquierdas.blogspot.com.es/
domingo, 24 de junio de 2012
lunes, 18 de junio de 2012
I CONGRESO TRABAJO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD
ALTERNATIVAS PARA UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
MANIFIESTO
POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
Quienes firmamos este Manifiesto somos personas vinculadas a la Universidad y al mundo del trabajo, preocupadas por la gestión antisocial de la actual crisis económica, ante la que nos sentimos obligadas a levantar nuestra voz y hacer llegar nuestras propuestas, con la pretensión de convocar a la reflexión y la acción colectivas.
No podemos ni queremos permanecer impasibles ante una crisis cuyas causas y efectos resultan claramente asimétricos, pues mientras se exime de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se pretende invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía en general, al focalizar las hipotéticas soluciones en la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar:
• El paro alcanza ya dimensiones dramáticas, tanto en términos agregados (casi seis millones de personas desempleadas), como generacionales (más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas) y, especialmente, sociales y humanos, para quienes viven con angustia el agotamiento de sus prestaciones e incluso de sus esperanzas, al tiempo que asisten indignados al impúdico espectáculo del rescate de bancos e indemnización de banqueros.
• Muchos ciudadanos y ciudadanas se ven hoy privados del derecho a la vivienda, no sólo por la dificultad para acceder a la misma, sino porque están perdiendo las que adquirieron trabajosamente en su momento sin que los poderes públicos reaccionen.
• Otros derechos sociales fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a esos derechos.
• El desmantelamiento del Estado Social se aprecia en otros muchos aspectos, tales como la postergación de la atención a las personas dependientes, la falta de interés hacia la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, el atentado constante a los derechos laborales básicos, etc.
Todo ello se justifica mediante falsos argumentos que pretenden presentar como necesario lo que no lo es, o
que quieren amparar esas políticas regresivas en una falta de recursos irreal y que podría eliminarse. Se oculta, por ejemplo, la reducción constante de la tributación sobre las rentas altas y las rentas de capital, se oculta que sería posible una acción concertada contra el fraude y los paraísos fiscales, se oculta que sería posible imponer una tasa a las transacciones de capital, se oculta, en definitiva, el desigual trato que supone conceder una amnistía fiscal muy generosa en momentos en los que hacen falta recursos y en los que la mayoría de las personas, generalmente de rentas medias y bajas, han pagado rigurosamente sus impuestos. Pero, sobre todo, se pretende que ignoremos que los recursos que supuestamente faltan sí que existen y se utilizan ampliamente para tapar la crisis financiera sin dar explicaciones sobre la misma, sin buscar donde está el dinero supuestamente perdido pero que no puede haber desparecido y, lo que es más grave, pretendiendo no exigir ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
En el ámbito de las relaciones laborales, constatamos cómo se reforma la legislación no para hacer más flexibles y modernas a nuestras empresas, sino simplemente para reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de derechos laborales. Se flexibiliza el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, dejando sin eficacia los convenios tras su denuncia en un corto período de tiempo y remitiendo a una negociación en la empresa que resulta prácticamente imposible en la mayoría de los casos dado el predomino en nuestro país de las pequeñas y micro-empresas, en las que el empleador no tiene interlocutores que contrarresten su poder, por lo que acabará imponiendo unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que constituye, en definitiva, el objetivo último de una reforma orientada a desregular las relaciones laborales y debilitar las funciones representativas y de interlocución del sindicalismo.
Por esta vía el Estado Social acaba reducido a la nada o a su mínima expresión, y ello va acompañado de un
regreso al autoritarismo frente a las resistencias crecientes que encuentran estas políticas. Así, se busca cercenar derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho de huelga y directamente se pretende criminalizar la disidencia. No es solamente el Estado Social lo que está en peligro, sino directamente el propio Estado de Derecho.
A ello se unen las actitudes despóticas y autoritarias que vemos a diario: se legisla en contra de lo pactado días antes por empresarios y trabajadores, despreciando el esfuerzo de las organizaciones sindicales y empresariales en su proceso de negociación; se niegan las explicaciones de las medidas, no ya en el Parlamento, recurriendo a la legislación por Decreto Ley, sino ignorando a quienes legítimamente deberían recibir esas explicaciones, como en el reciente desprecio hacia los Rectores Universitarios; se ignoran las asociaciones cívicas, por ejemplo de dependientes o de estudiantes y sus justas reivindicaciones; se recuperan fórmulas superadas por su autoritarismo e incompatibilidad con el sistema democrático, como el arbitraje obligatorio; se derogan los derechos de las personas que trabajan en el sector público y sus pactos y acuerdos sin siquiera someter las medidas previamente a la negociación, etc.
Pero además todo ello reduce el consumo, empobrece a la sociedad y a la ciudadanía y agrava la crisis, sin
olvidar la injusticia social y la regresión política que todas estas medidas suponen, cuyo efecto agregado no hace sino agravar las dimensiones de la crisis económica, poniendo de manifiesto que no tienen por objeto atajar sus causas ni paliar sus efectos sino, en una operación claramente ideológica, utilizar la crisis como coartada para reforzar los privilegios de los poderosos, desmantelar el Estado de Bienestar y desactivar los sujetos de protesta y propuesta social, especialmente el sindicalismo confederal y de clase.
Pero otra política es posible; el documento marco del I Congreso sobre Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1º de Mayo (Centro Sindical de Estudios de CCOO) lo demuestra y a él nos remitimos.
Es posible una política que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales, devolviendo el protagonismo a quienes trabajan, a sus empleadores, a las organizaciones sindicales y empresariales. Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando el consumo y la inversión y no pretendiendo falsamente competir por la simple reducción de costes salariales.
Es posible una política que defienda nuestros derechos sociales básicos; el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad.
Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes.
Para ello es posible generar recursos e ilusionar a la sociedad con su futuro, pues esas son las políticas que la mayor parte de ella espera y reclama, y esa no es una aspiración, una exigencia y un derecho que se reclame sólo en España, es una exigencia mundial, planteada con toda su rotundidad en la cumbre Rio+20, en los documentos de la ONU y la OIT, sentida por los movimientos sociales en numerosos Estados.
Por eso queremos alzar nuestra voz en defensa del Estado Social, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales, en defensa de un Derecho del Trabajo que proteja a quienes trabajan pues para eso nació, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis.
Hay alternativa, construyámosla, exijámosla
POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
Quienes firmamos este Manifiesto somos personas vinculadas a la Universidad y al mundo del trabajo, preocupadas por la gestión antisocial de la actual crisis económica, ante la que nos sentimos obligadas a levantar nuestra voz y hacer llegar nuestras propuestas, con la pretensión de convocar a la reflexión y la acción colectivas.
No podemos ni queremos permanecer impasibles ante una crisis cuyas causas y efectos resultan claramente asimétricos, pues mientras se exime de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se pretende invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía en general, al focalizar las hipotéticas soluciones en la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar:
• El paro alcanza ya dimensiones dramáticas, tanto en términos agregados (casi seis millones de personas desempleadas), como generacionales (más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas) y, especialmente, sociales y humanos, para quienes viven con angustia el agotamiento de sus prestaciones e incluso de sus esperanzas, al tiempo que asisten indignados al impúdico espectáculo del rescate de bancos e indemnización de banqueros.
• Muchos ciudadanos y ciudadanas se ven hoy privados del derecho a la vivienda, no sólo por la dificultad para acceder a la misma, sino porque están perdiendo las que adquirieron trabajosamente en su momento sin que los poderes públicos reaccionen.
• Otros derechos sociales fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a esos derechos.
• El desmantelamiento del Estado Social se aprecia en otros muchos aspectos, tales como la postergación de la atención a las personas dependientes, la falta de interés hacia la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, el atentado constante a los derechos laborales básicos, etc.
Todo ello se justifica mediante falsos argumentos que pretenden presentar como necesario lo que no lo es, o
que quieren amparar esas políticas regresivas en una falta de recursos irreal y que podría eliminarse. Se oculta, por ejemplo, la reducción constante de la tributación sobre las rentas altas y las rentas de capital, se oculta que sería posible una acción concertada contra el fraude y los paraísos fiscales, se oculta que sería posible imponer una tasa a las transacciones de capital, se oculta, en definitiva, el desigual trato que supone conceder una amnistía fiscal muy generosa en momentos en los que hacen falta recursos y en los que la mayoría de las personas, generalmente de rentas medias y bajas, han pagado rigurosamente sus impuestos. Pero, sobre todo, se pretende que ignoremos que los recursos que supuestamente faltan sí que existen y se utilizan ampliamente para tapar la crisis financiera sin dar explicaciones sobre la misma, sin buscar donde está el dinero supuestamente perdido pero que no puede haber desparecido y, lo que es más grave, pretendiendo no exigir ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
En el ámbito de las relaciones laborales, constatamos cómo se reforma la legislación no para hacer más flexibles y modernas a nuestras empresas, sino simplemente para reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de derechos laborales. Se flexibiliza el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, dejando sin eficacia los convenios tras su denuncia en un corto período de tiempo y remitiendo a una negociación en la empresa que resulta prácticamente imposible en la mayoría de los casos dado el predomino en nuestro país de las pequeñas y micro-empresas, en las que el empleador no tiene interlocutores que contrarresten su poder, por lo que acabará imponiendo unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que constituye, en definitiva, el objetivo último de una reforma orientada a desregular las relaciones laborales y debilitar las funciones representativas y de interlocución del sindicalismo.
Por esta vía el Estado Social acaba reducido a la nada o a su mínima expresión, y ello va acompañado de un
regreso al autoritarismo frente a las resistencias crecientes que encuentran estas políticas. Así, se busca cercenar derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho de huelga y directamente se pretende criminalizar la disidencia. No es solamente el Estado Social lo que está en peligro, sino directamente el propio Estado de Derecho.
A ello se unen las actitudes despóticas y autoritarias que vemos a diario: se legisla en contra de lo pactado días antes por empresarios y trabajadores, despreciando el esfuerzo de las organizaciones sindicales y empresariales en su proceso de negociación; se niegan las explicaciones de las medidas, no ya en el Parlamento, recurriendo a la legislación por Decreto Ley, sino ignorando a quienes legítimamente deberían recibir esas explicaciones, como en el reciente desprecio hacia los Rectores Universitarios; se ignoran las asociaciones cívicas, por ejemplo de dependientes o de estudiantes y sus justas reivindicaciones; se recuperan fórmulas superadas por su autoritarismo e incompatibilidad con el sistema democrático, como el arbitraje obligatorio; se derogan los derechos de las personas que trabajan en el sector público y sus pactos y acuerdos sin siquiera someter las medidas previamente a la negociación, etc.
Pero además todo ello reduce el consumo, empobrece a la sociedad y a la ciudadanía y agrava la crisis, sin
olvidar la injusticia social y la regresión política que todas estas medidas suponen, cuyo efecto agregado no hace sino agravar las dimensiones de la crisis económica, poniendo de manifiesto que no tienen por objeto atajar sus causas ni paliar sus efectos sino, en una operación claramente ideológica, utilizar la crisis como coartada para reforzar los privilegios de los poderosos, desmantelar el Estado de Bienestar y desactivar los sujetos de protesta y propuesta social, especialmente el sindicalismo confederal y de clase.
Pero otra política es posible; el documento marco del I Congreso sobre Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1º de Mayo (Centro Sindical de Estudios de CCOO) lo demuestra y a él nos remitimos.
Es posible una política que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales, devolviendo el protagonismo a quienes trabajan, a sus empleadores, a las organizaciones sindicales y empresariales. Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando el consumo y la inversión y no pretendiendo falsamente competir por la simple reducción de costes salariales.
Es posible una política que defienda nuestros derechos sociales básicos; el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad.
Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes.
Para ello es posible generar recursos e ilusionar a la sociedad con su futuro, pues esas son las políticas que la mayor parte de ella espera y reclama, y esa no es una aspiración, una exigencia y un derecho que se reclame sólo en España, es una exigencia mundial, planteada con toda su rotundidad en la cumbre Rio+20, en los documentos de la ONU y la OIT, sentida por los movimientos sociales en numerosos Estados.
Por eso queremos alzar nuestra voz en defensa del Estado Social, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales, en defensa de un Derecho del Trabajo que proteja a quienes trabajan pues para eso nació, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis.
Hay alternativa, construyámosla, exijámosla
Estimados compañeros y compañeras:
Copiamos los enlaces al vídeo: "Ningún país ha salido de la crisis con austeridad",
sobre la conferencia de Joseph Stiglitz en la inauguración del I
Congreso Trabajo, Economía y Sociedad organizado por la Fundación 1º de
Mayo de CCOO.
También os copiamos los enlaces al vídeo: ¡Manifestación 20J: No nos van a callar!.
Os agradeceríamos su difusión.
martes, 12 de junio de 2012
Democratizar la ley electoral y los medios de comunicación - JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM en DAME MI TELE
Dame mi tele
JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM
JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM
El 15M debería concentrarse simultáneamente delante de las sedes de RTVE y de todas las radios y las televisiones de las comunidades autónomas para reclamar el derecho de acceso. El artículo 20 de la Constitución establece que «la ley garantizará el acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios de comunicación de servicio público». En aplicación de dicho mandato constitucional, la ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal (2006) obliga al Consejo de Administración de RTVE a repartir «espacios específicos» en RNE y TVE, con «la disponibilidad de los medios técnicos y profesionales necesarios para su realización ». Y la ley de financiación de RTVE (2009) precisa que RNE y TVE «tienen que dedicar por lo menos doce horas semanales, en horario no residual, a emitir los programas del derecho de acceso».
El derecho de acceso está incluido también en los estatutos de todas las radios y televisiones de servicio público de las comunidades autónomas. Es un mandato constitucional y lo impone la ley pero el PP y el PSOE se niegan a aplicarlo porque no lo necesitan para ocupar, desproporcionada e injustamente, la inmensa mayoría de las informaciones en los medios de comunicación más poderosos. Si cumplieran con su obligación, los «grupos sociales y políticos significativos» tendrían la oportunidad de conectar con las grandes audiencias para difundir sus denuncias, propuestas e iniciativas, de manera que los ciudadanos supieran que hay otras formas de organizar la política y la economía con la solidaridad como fundamento. Democratizar la ley electoral y los medios de comunicación (incluyendo el derecho de acceso al servicio público) es la combinación imprescindible para que cada voto y cada voz valgan lo mismo.
Entre lo que no hizo Zapatero y lo que destroza Rajoy Si en España hay ahora un grupo social al que nadie
le niega su dimensión de significativo, es al 15M. Para su organización y comunicación interna cuenta con las nuevas tecnologías y las redes sociales, pero le están bloqueando dos derechos, para que sus informaciones no puedan llegar a las grandes audiencias sin la deformación de los intermediarios: el derecho de acceso y el derecho a las iniciativas sociales en la radio y en la televisión. La ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) anuncia, pero no asegura, el reparto equitativo de las licencias de radio y de televisión entre los negocios, el servicio público y las iniciativas sociales. En la práctica, benefi cia, con la absoluta impunidad, a los negocios audiovisuales, reduce el servicio público y bloquea las iniciativas sociales. Lo comercial ocupa el setenta por ciento y lo público el treinta por ciento de las licencias estatales y autonómicas, recluyendo a las iniciativas sociales en el ámbito municipal con tremendas limitaciones para su fi nanciación y cobertura. La LGCA entró en vigor, con su publicación en el BOE, el 31-03-2010, y obligaba al gobierno a aplicar «en un plazo máximo de doce meses» un reglamento para determinar «tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro». Pero Zapatero no lo hizo.
Aunque su proyecto de reglamento era muy restrictivo, esa regulación habría facilitado la defensa de los medios de carácter social como Tele K. Al no cumplir el PSOE con su obligación, el gobierno del PP puede mantener a las emisoras comunitarias sometidas a la inseguridad de las arbitrariedades de las administraciones o, lo que es peor, imponer un reglamento que impida defi nitivamente el desarrollo de las iniciativas sociales en radio y televisión. La LGCA sólo tenía tres ingredientes positivos: el control parlamentario de RTVE con la promesa del derecho de acceso, un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) para controlar a las emisoras comerciales y la posibilidad de una regulación democrática de las iniciativas sociales. Zapatero impidió la aplicación del derecho de acceso cuando el PSOE tenía la mayoría en el Consejo de Administración y Rajoy elimina ahora el control parlamentario para volver a la RTVE gubernamentalizada y abre la veda para la privatización de las autonómicas. Zapatero no se atrevió a formar el CEMA y Rajoy lo elimina con la reforma de la ley. Zapatero no aplicó ni siquiera un mal reglamento para las iniciativas sociales y Rajoy las aplastará. Dame mi tele, debe reclamar el 15M, porque le arrebatan el derecho de tener medios propios de carácter social y el derecho de tener espacios de libre disposición en las emisoras de servicio público. Es la política, iniciada por el PSOE y culminada por el PP, de intentar aislar a lo que moviliza porque crece contagiando.
Aunque su proyecto de reglamento era muy restrictivo, esa regulación habría facilitado la defensa de los medios de carácter social como Tele K. Al no cumplir el PSOE con su obligación, el gobierno del PP puede mantener a las emisoras comunitarias sometidas a la inseguridad de las arbitrariedades de las administraciones o, lo que es peor, imponer un reglamento que impida defi nitivamente el desarrollo de las iniciativas sociales en radio y televisión. La LGCA sólo tenía tres ingredientes positivos: el control parlamentario de RTVE con la promesa del derecho de acceso, un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) para controlar a las emisoras comerciales y la posibilidad de una regulación democrática de las iniciativas sociales. Zapatero impidió la aplicación del derecho de acceso cuando el PSOE tenía la mayoría en el Consejo de Administración y Rajoy elimina ahora el control parlamentario para volver a la RTVE gubernamentalizada y abre la veda para la privatización de las autonómicas. Zapatero no se atrevió a formar el CEMA y Rajoy lo elimina con la reforma de la ley. Zapatero no aplicó ni siquiera un mal reglamento para las iniciativas sociales y Rajoy las aplastará. Dame mi tele, debe reclamar el 15M, porque le arrebatan el derecho de tener medios propios de carácter social y el derecho de tener espacios de libre disposición en las emisoras de servicio público. Es la política, iniciada por el PSOE y culminada por el PP, de intentar aislar a lo que moviliza porque crece contagiando.
ver también:
http://waldendos.org/index.php/Sociedad/15M-DAME-MI-TELE.html
Fuente:
http://madrid15m.org/quiosco.html
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