Una agresión sin precedentes
- MANIFIESTO SOCIAL Y SINDICAL CONTRA LOS RECORTES
Para este gobierno no hay
límite en los recortes. Los aprobados en el Consejo de Ministros del 13
de julio no serán los últimos. Quieren acabar con todo. Y lo quieren
hacer a costa de los de siempre: personas en paro, empleadas y empleados
públicos, pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes. En su agenda de
recortes no figuran las grandes corporaciones empresariales o las
rentas más altas. No conviene molestar a los amigos.
En el Congreso de los Diputados,
primero, y en Consejo de Ministros, después, el Gobierno ha aprobado el
mayor paquete de recortes que se recuerda en democracia. Una agresión
sin precedentes, no ya a los derechos de trabajadores y ciudadanos, sino
a los fundamentos de la Constitución, y a la propia democracia. Una
agresión de consecuencias laborales, sociales, económicas y políticas
que ha de tener la respuesta social y sindical adecuada.
El
presidente del Gobierno presumió hace tan solo unas semanas de no
dejarse presionar por los mercados financieros y las autoridades
comunitarias. "En todo caso, he sido yo el que los ha presionado a
ellos", respondió ufano a las preguntas de los informadores. Su cinismo
es insuperable. En poco más de quince días, ha acudido raudo a cumplir
con las exigencias de Bruselas y ha precipitado la aprobación de cuantos
recortes le han indicado, sin que se resquebrajen sus convicciones
morales. Al contrario, si nos atenemos a la puesta en escena de las
medidas anunciadas -sonrisa, aplausos de la bancada de la derecha y
vulgares desprecios de la diputada Fabra incluidos- cabe deducir que,
además de sentido de la justicia, a este Gobierno le hace falta una
buena dosis de humildad y sensibilidad hacia los sectores más débiles de
la sociedad.
De su paquete de recortes, únicamente se salvan los
poderosos. Justamente aquellos que más deberían contribuir a superar la
crisis y hacer frente a la situación que estamos viviendo. Personas en
paro, asalariados, empleadas y empleados públicos, pensionistas, y
personas dependientes han sido siempre el blanco preferido del
Ejecutivo. Y en esta ocasión no iba a ser menos. El Gobierno vuelve a
cargar contra la función pública, a cuyos trabajadores criminaliza, no
sin antes eliminar su paga de navidad y reducir sus días de libre
disposición; hace más
difícil la vida a las personas en paro,
recortando sus prestaciones cuando más lo necesitan y empujando a muchas
de ellas a la exclusión social y la pobreza; anuncia inminentes
recortes en el sistema público de pensiones; y en su particular agenda
de políticas antisociales, asesta un casi definitivo golpe a las
personas dependientes y a quienes les atienden.
Por si ello
resultara insuficiente, el Gobierno confirma el desmantelamiento de las
empresas públicas, aplica una nueva revisión de las tarifas energéticas y
baja dos puntos las cotizaciones sociales a los empresarios, lo que
afectará a la viabilidad del sistema público de pensiones, algo que
quizás pretendan equilibrar -que cruel sarcasmo- con los recortes
anunciados a los futuros pensionistas.
En este contexto, la
decisión de incrementar el IVA, un impuesto muy injusto porque grava
igual a rentas bajas que altas, contraerá aun más el consumo y
prolongará la recesión económica. Y la pregunta es inevitable: ¿Para qué
elegimos un Gobierno que se saca de la manga un programa oculto y
estafa así a la ciudadanía? ¿Qué nos va a quedar del estado social?
Llueve
sobre mojado. Desde el primer día, este Gobierno no ha parado de
decretar recortes, de despreciar las alternativas del movimiento
sindical. Ha gobernado a golpe de decreto lo que deriva en un creciente
deterioro de las instituciones democráticas. Invaden la autonomía
municipal y las competencias de CCAA, sin importarles el descrédito de
la política y la democracia, objetivo que tanto gusta a un sector de la
derecha más extrema. Estas medidas vienen a sumarse a la reforma laboral
que vulnera la negociación colectiva, recorta derechos y facilita aun
más el despido, incrementando las cifras de paro. Dice hacerlo para
incentivar la actividad económica, la única capaz de generar empleo;
pero la economía sigue estancada y la recesión más fuerte que nunca. Con
estas medidas, la situación económica empeorará y el paro superará los 6
millones de personas a finales de 2012.
Recurriremos a todos los
instrumentos legales a nuestro alcance para responder a estas medidas.
Antes de que acabe el mes de julio celebraremos una Cumbre Social y
Sindical para decidir el calendario de movilizaciones. Convocaremos
acciones concretas y sectoriales; implicaremos a todos los colectivos
que sufren los recortes; haremos confluir la movilización laboral y
ciudadana; prepararemos una gran marcha sobre Madrid en septiembre;
emplazaremos al Gobierno para que celebre un referéndum a fin de que
trabajadores y ciudadanos se pronuncien sobre los recortes; si rechaza
la iniciativa será el movimiento social y sindical el que organice una
consulta popular, y de acuerdo con el resultado, active la respuesta de
movilización más adecuada.
ANTE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE DESMANTELAR
EL ESTADO DE BIENESTAR
· NO VAMOS A PERMITIRLO
· NO VAN A CESAR LAS MOVILIZACIONES
· HAY OTRA POLÍTICA
· HAN DE PAGAR MÁS LOS QUE MÁS TIENEN
Salud!
