Secretaria de Comunicación del PCE / 16 feb 11
¡Basta de colaboración entre las autoridades españolas y colombianas!
Tras la detención ayer en Madrid de la activista colombiana de defensa de los derechos humanos, LEYLA YOLIMA O. M., el Partido Comunista de España expresa su indignación y rechazo a este nuevo acto de hostigamiento perpetrado en colaboración de las autoridades españolas y colombianas contra quienes defienden una solución negociada al conflicto colombiano.
No es la primera vez que el Estado español se presta ante la estrategia de hostigar a quienes denuncian las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el poder en Colombia, ya sea directamente o bajo las distintas siglas de los grupos paramilitares, que han provocado decenas de miles de desapariciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, así como más de cinco millones de desplazados internos y personas refugiadas.
Los intereses de las empresas multinacionales españoles no justifican la connivencia diplomática ni la abierta colaboración policial y judicial, máxime cuando no se aprecian mejoras significativas en la situación de los derechos humanos, por mucho que el gobierno de Santos pretenda ofrecer una imagen de cambio con el oscuro pasado uribista.
Recientemente, se ha puesto de manifiesto como la estrategia de hostigamiento diseñada desde las más altas instancias de Colombia, afectó a España y el conjunto de la Unión Europea, en un operativo diseñado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en dependencia directa con el titular de la Casa de Nariño, que incluía la interceptación ilegal de comunicaciones, la violación se secretos y el seguimiento a los opositores aquí refugiados, hechos que están siendo investigados por la Justicia española.
Estos antecedentes hubieran bastado para que las autoridades españolas no se prestaran a las pretensiones del gobierno colombiano, máxime cuando Leyla Yolima O. M. ostenta la condición de refugiada política, precisamente, por la actuación directa del mismo. Su detención responde al intento de acallar las voces que en el exterior denuncian la situación de Colombia, en especial en este momento, cuando se pretende ratificar sin ruido el tratado de libre comercio con la UE.
Tras la puesta en libertad de Leyla Yolima O. M. esta tarde, exigimos el archivo de todas las actuaciones, la reparación del daño producido por la difusión de una nota de prensa desde el Ministerio del Interior, paradójicamente órgano responsable de velar por la salvaguardia de las personas refugiadas en España, y el cese de toda cooperación oficial entre las autoridades colombianas y españolas.
Madrid, 16 de febrero de 2011
No es la primera vez que el Estado español se presta ante la estrategia de hostigar a quienes denuncian las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el poder en Colombia, ya sea directamente o bajo las distintas siglas de los grupos paramilitares, que han provocado decenas de miles de desapariciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, así como más de cinco millones de desplazados internos y personas refugiadas.
Los intereses de las empresas multinacionales españoles no justifican la connivencia diplomática ni la abierta colaboración policial y judicial, máxime cuando no se aprecian mejoras significativas en la situación de los derechos humanos, por mucho que el gobierno de Santos pretenda ofrecer una imagen de cambio con el oscuro pasado uribista.
Recientemente, se ha puesto de manifiesto como la estrategia de hostigamiento diseñada desde las más altas instancias de Colombia, afectó a España y el conjunto de la Unión Europea, en un operativo diseñado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en dependencia directa con el titular de la Casa de Nariño, que incluía la interceptación ilegal de comunicaciones, la violación se secretos y el seguimiento a los opositores aquí refugiados, hechos que están siendo investigados por la Justicia española.
Estos antecedentes hubieran bastado para que las autoridades españolas no se prestaran a las pretensiones del gobierno colombiano, máxime cuando Leyla Yolima O. M. ostenta la condición de refugiada política, precisamente, por la actuación directa del mismo. Su detención responde al intento de acallar las voces que en el exterior denuncian la situación de Colombia, en especial en este momento, cuando se pretende ratificar sin ruido el tratado de libre comercio con la UE.
Tras la puesta en libertad de Leyla Yolima O. M. esta tarde, exigimos el archivo de todas las actuaciones, la reparación del daño producido por la difusión de una nota de prensa desde el Ministerio del Interior, paradójicamente órgano responsable de velar por la salvaguardia de las personas refugiadas en España, y el cese de toda cooperación oficial entre las autoridades colombianas y españolas.
Madrid, 16 de febrero de 2011
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