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Histórico triunfo en el juicio del amianto en Italia
Por Patrick Herman, periodista.
Traducción: Carlos Alberto Zito.
Turín, 13 de febrero de 2012. Por espacio de un día, la ciudad piamontesa se ha convertido en la capital mundial contra la impunidad de los grandes grupos industriales. Unas dos mil personas se agolpan frente a las escalinatas del Palacio de Justicia, junto a pancartas y fotos de víctimas colgadas en las rejas. No cabe duda de que se trata de una jornada histórica. En breves minutos va a conocerse el veredicto del primer gran juicio penal contra el amianto, cuyos acusados son dos altos dirigentes del grupo mundial Eternit: el barón belga Louis de Cartier de Marchienne y el millonario suizo Stephan Schmidheiny (1). En todas las mentes desfilan los recuerdos de la interminable lucha para que se haga justicia. Mil ochocientas treinta personas murieron, más de mil están enfermas, y el pico en la cantidad de víctimas no se alcanzará hasta 2020. El fiscal, Raffaele Guariniello, ha pedido veinte años de cárcel.
Decenas de autocares han transportado a los demandantes y a sus familiares. Muchos alcaldes, luciendo su banda en el pecho, se suman a estudiantes y ex mineros llegados desde Lorena, con sus cascos característicos. Romana Blasotti Pavesi, presidenta de la Asociación de familiares de víctimas de Casale Monferrato –población donde aún cada semana muere una persona de mesotelioma, cáncer de la pleura causado por la exposición al amianto– perdió a lo largo de los años a cinco de sus seres queridos, pero no está sola. Llegados desde todas partes del mundo, los militantes de las asociaciones nacionales de la red Ban Asbestos (“Prohibamos el amianto”) intercambian las últimas noticias. Fernanda Giannasi, gran figura de la lucha contra el amianto en Brasil, que fuera acusada ante los tribunales por Eternit, sin éxito, está junto a Eric Jonkheere, llegado desde Bélgica, cuyos padres y hermanos murieron víctimas de mesotelioma.
Desde lejos se distingue la alta silueta de Barry Castleman, que ha testificado como experto en cientos de juicios en Estados Unidos, y que abogó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1998, cuando Canadá –que protege las minas de Québec desde hace décadas– presentó una denuncia contra la decisión francesa de prohibir el amianto, por considerarla un impedimento a la libertad de comercio. Esa demanda fue rechazada en septiembre de 2000, y en apelación, en marzo de 2001. Franco Basciani, ex obrero de la fábrica Eternit de Niederurnen, cerca de Zurich, interrogado sobre la reconversión a una política de “desarrollo sostenible” de Stephan Schmidheiny, acusado de no adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores de la planta y a los vecinos de la misma, responde secamente: "Es un ilusionista".
A las 13,30 horas, ante una sala en pie, el juez Giuseppe Casalbore pronuncia la sentencia: dieciséis años de cárcel para ambos acusados, e indemnizaciones para los sindicatos (100.000 euros), para las asociaciones y las administraciones territoriales (20 millones de euros para la región piamontesa, 25 millones para la ciudad de Casale Monferrato). Luego, en medio de un pesado silencio, comienza la lectura de la lista de personas indemnizadas, que dura tres horas.
En los pasillos, el abogado Jean-Paul Teissonnière, que representa a algunas de las víctimas italianas, señala la importancia del fallo: "Dieciséis años es una pena criminal, porque el caso del amianto es un crimen social. Esta condena muestra que una institución judicial puede comprender la dimensión de lo ocurrido". ¿Cómo no ver el contraste con lo que ocurre en su país? "En Francia seguimos en un estado de negación. El Ministerio fiscal hace todo lo posible para dificultar la investigación. ¡Los fiscales deben dejar de lado la cultura de la sumisión!".
Dieciséis años después de la primera demanda, a pesar de que las condiciones de trabajo eran similares a las de Italia, y que las víctimas también se contaban por miles, se ha declarado incompetente a la jueza Marie-Odile Bertella-Geffroy, de la División de salud pública del Tribunal de Primera Instancia de París, en relación con una parte del caso: el Juzgado de instrucción del Tribunal de Apelación de París anuló, por detalles de procedimiento, la acusación formal de cinco dirigentes de las fábricas Eternit. Ningún fiscal consideró necesario, en dieciséis años, abrir una investigación judicial al respecto. Por último, Eternit acaba de demandar ante la justicia a Jean-Paul Teissonnière, acusándolo de difamación por haber declarado en un reportaje que esa firma seguía "envenenando" a la gente, mientras que desde hace veinte años podía prescindir del amianto (2). En Italia, el Ministerio fiscal es independiente del poder político…
Conscientes del alcance mundial de ese fallo, los abogados italianos, belgas y franceses están dispuestos a seguir adelante. Tras haber cooperado para analizar la política de Eternit, decidieron crear un foro internacional contra los crímenes industriales: la asociación Interforum. Ésta reúne a abogados e investigadores, y apunta a mantener el vínculo que se creó durante la preparación del proceso. "Hay que evitar que este juicio sea una excepción, pues ha abierto una brecha que debemos ampliar", exhortó Annie Thébaud-Mony, directora honoraria de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de Francia (INSERM), y especialista en cánceres de origen profesional, quien milita desde hace mucho tiempo por la prohibición del amianto (3).
Es el momento de una estrategia coordinada para los próximos meses, pues ya se han presentado varias apelaciones, como ocurrió en Bruselas, donde se condenó a Eternit a pagar 200.000 euros por daños y perjuicios a la familia Jonkheere. "Interforum no va a limitar su campo de acción a Europa. Existen redes que envían deshechos a África, como las baterías que contienen plomo que se envían a Senegal para su reciclaje, y que contaminan a toda una población; existe también la práctica del shipbreaking, que consiste en llevar barcos obsoletos a Asia para que sean desmantelados, en las condiciones laborales que conocemos", indicó la investigadora.
Para los actores del juicio, todo comienza en Turín. El día siguiente al fallo, el fiscal Guariniello expresaba su deseo de que se cree un Ministerio fiscal europeo: "El crimen viaja a la velocidad de la luz, la justicia no puede perseguirlo en una diligencia" (4).
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Por Patrick Herman, periodista.
Traducción: Carlos Alberto Zito.
Turín, 13 de febrero de 2012. Por espacio de un día, la ciudad piamontesa se ha convertido en la capital mundial contra la impunidad de los grandes grupos industriales. Unas dos mil personas se agolpan frente a las escalinatas del Palacio de Justicia, junto a pancartas y fotos de víctimas colgadas en las rejas. No cabe duda de que se trata de una jornada histórica. En breves minutos va a conocerse el veredicto del primer gran juicio penal contra el amianto, cuyos acusados son dos altos dirigentes del grupo mundial Eternit: el barón belga Louis de Cartier de Marchienne y el millonario suizo Stephan Schmidheiny (1). En todas las mentes desfilan los recuerdos de la interminable lucha para que se haga justicia. Mil ochocientas treinta personas murieron, más de mil están enfermas, y el pico en la cantidad de víctimas no se alcanzará hasta 2020. El fiscal, Raffaele Guariniello, ha pedido veinte años de cárcel.
Decenas de autocares han transportado a los demandantes y a sus familiares. Muchos alcaldes, luciendo su banda en el pecho, se suman a estudiantes y ex mineros llegados desde Lorena, con sus cascos característicos. Romana Blasotti Pavesi, presidenta de la Asociación de familiares de víctimas de Casale Monferrato –población donde aún cada semana muere una persona de mesotelioma, cáncer de la pleura causado por la exposición al amianto– perdió a lo largo de los años a cinco de sus seres queridos, pero no está sola. Llegados desde todas partes del mundo, los militantes de las asociaciones nacionales de la red Ban Asbestos (“Prohibamos el amianto”) intercambian las últimas noticias. Fernanda Giannasi, gran figura de la lucha contra el amianto en Brasil, que fuera acusada ante los tribunales por Eternit, sin éxito, está junto a Eric Jonkheere, llegado desde Bélgica, cuyos padres y hermanos murieron víctimas de mesotelioma.
Desde lejos se distingue la alta silueta de Barry Castleman, que ha testificado como experto en cientos de juicios en Estados Unidos, y que abogó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1998, cuando Canadá –que protege las minas de Québec desde hace décadas– presentó una denuncia contra la decisión francesa de prohibir el amianto, por considerarla un impedimento a la libertad de comercio. Esa demanda fue rechazada en septiembre de 2000, y en apelación, en marzo de 2001. Franco Basciani, ex obrero de la fábrica Eternit de Niederurnen, cerca de Zurich, interrogado sobre la reconversión a una política de “desarrollo sostenible” de Stephan Schmidheiny, acusado de no adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores de la planta y a los vecinos de la misma, responde secamente: "Es un ilusionista".
A las 13,30 horas, ante una sala en pie, el juez Giuseppe Casalbore pronuncia la sentencia: dieciséis años de cárcel para ambos acusados, e indemnizaciones para los sindicatos (100.000 euros), para las asociaciones y las administraciones territoriales (20 millones de euros para la región piamontesa, 25 millones para la ciudad de Casale Monferrato). Luego, en medio de un pesado silencio, comienza la lectura de la lista de personas indemnizadas, que dura tres horas.
En los pasillos, el abogado Jean-Paul Teissonnière, que representa a algunas de las víctimas italianas, señala la importancia del fallo: "Dieciséis años es una pena criminal, porque el caso del amianto es un crimen social. Esta condena muestra que una institución judicial puede comprender la dimensión de lo ocurrido". ¿Cómo no ver el contraste con lo que ocurre en su país? "En Francia seguimos en un estado de negación. El Ministerio fiscal hace todo lo posible para dificultar la investigación. ¡Los fiscales deben dejar de lado la cultura de la sumisión!".
Dieciséis años después de la primera demanda, a pesar de que las condiciones de trabajo eran similares a las de Italia, y que las víctimas también se contaban por miles, se ha declarado incompetente a la jueza Marie-Odile Bertella-Geffroy, de la División de salud pública del Tribunal de Primera Instancia de París, en relación con una parte del caso: el Juzgado de instrucción del Tribunal de Apelación de París anuló, por detalles de procedimiento, la acusación formal de cinco dirigentes de las fábricas Eternit. Ningún fiscal consideró necesario, en dieciséis años, abrir una investigación judicial al respecto. Por último, Eternit acaba de demandar ante la justicia a Jean-Paul Teissonnière, acusándolo de difamación por haber declarado en un reportaje que esa firma seguía "envenenando" a la gente, mientras que desde hace veinte años podía prescindir del amianto (2). En Italia, el Ministerio fiscal es independiente del poder político…
Conscientes del alcance mundial de ese fallo, los abogados italianos, belgas y franceses están dispuestos a seguir adelante. Tras haber cooperado para analizar la política de Eternit, decidieron crear un foro internacional contra los crímenes industriales: la asociación Interforum. Ésta reúne a abogados e investigadores, y apunta a mantener el vínculo que se creó durante la preparación del proceso. "Hay que evitar que este juicio sea una excepción, pues ha abierto una brecha que debemos ampliar", exhortó Annie Thébaud-Mony, directora honoraria de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de Francia (INSERM), y especialista en cánceres de origen profesional, quien milita desde hace mucho tiempo por la prohibición del amianto (3).
Es el momento de una estrategia coordinada para los próximos meses, pues ya se han presentado varias apelaciones, como ocurrió en Bruselas, donde se condenó a Eternit a pagar 200.000 euros por daños y perjuicios a la familia Jonkheere. "Interforum no va a limitar su campo de acción a Europa. Existen redes que envían deshechos a África, como las baterías que contienen plomo que se envían a Senegal para su reciclaje, y que contaminan a toda una población; existe también la práctica del shipbreaking, que consiste en llevar barcos obsoletos a Asia para que sean desmantelados, en las condiciones laborales que conocemos", indicó la investigadora.
Para los actores del juicio, todo comienza en Turín. El día siguiente al fallo, el fiscal Guariniello expresaba su deseo de que se cree un Ministerio fiscal europeo: "El crimen viaja a la velocidad de la luz, la justicia no puede perseguirlo en una diligencia" (4).
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NOTAS:(1) Véase “À Turin, le grand procès de l’amiante”, La valise diplomatique, 7-12-2009, www.monde-diplomatique.fr
(2) Télérama, París, 29-11-2011.
(3) Véase “La stratégie criminelle des industriels de l’amiante”, de Patrick Herman y Annie Thébaud-Mony, Le Monde diplomatique, junio de 2000.
(4) Il Fatto Quotidiano, Roma, 14-2-2012.
(2) Télérama, París, 29-11-2011.
(3) Véase “La stratégie criminelle des industriels de l’amiante”, de Patrick Herman y Annie Thébaud-Mony, Le Monde diplomatique, junio de 2000.
(4) Il Fatto Quotidiano, Roma, 14-2-2012.
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Para más información, véase el artículo de Pascual Serrano: "Cuando los empresarios son homicidas", en el número de abril de LE MONDE diplomatique en español. Una lectura obligada sobre el tema:
La lana de la salamandra
Giampiero Rossi
martes 26 de abril de 2011
La tragedia de Casale Monferrato, narrada magistralmente por Giampero Rossi, forma parte de una epidemia y pandemia a nivel planetario con más de 100.000 muertes al año por cánceres debidos a la exposición al amianto. Una fibra que se está llevando por delante no sólo a quienes trabajaron con ella, sino a familiares y vecinos de fábricas, dando lugar a una nueva patología conocida como “mesotelioma familiar”. Y esto es lo que está ocurriendo entre las poblaciones de Ferrol, Asturias, Euskadi, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Andalucía y en todos los países latinoamericanos a quienes va destinado este libro.
fuente: Confederacion sindical de CC.OO.
15.04.11. El 11 de abril CCOO de Madrid alertaba en la jornada "El amianto hoy, exigiendo soluciones", sobre las consecuencias de la exposición al amianto y sobre el número tan elevado de trabajadores afectados con riesgo de contraer cáncer, entre otras enfermedades respiratorias. Para informar a los delegados y delegadas de prevención sobre como actuar la secretaría de Salud Laboral de CCOO Madrid ha elaborado la guía "El amianto hoy, retos de tras la prohibición".
Ver video histórico de Madrid Sindical
El amianto hoy (15/04/11) :
Dos sentencias históricas de la justicia italiana.
El tribunal de Turín (Italia) ha emitido recientemente dos sentencias históricas que tienen proyección internacional. En ambos casos, los directivos de poderosas empresas -la metalúrgica alemana ThyssenKrupp y el grupo suizo Eternit, fabricante de materiales a base de amianto- han sido condenados a numerosos años de prisión debido al incumplimiento de las adecuadas medidas de seguridad. En uno de ellos incluso por el delito de "homicidio voluntario". Estas dos sentencias establecen a partir de ahora una nueva jurisprudencia en materia de "accidentes laborales" en toda Europa.
Por
PASCUAL SERRANO*
Periodista, autor de 'Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo', Editorial Península, Madrid, 2009.
El primer veredicto, emitido por el tribunal de Turín el 15 de abril de 2011, condenó a 16 años y medio de cárcel al consejero delegado Herald Espenhahn, de la multinacional ThyssenKrupp, por la muerte de siete obreros. ThyssenKrupp es la empresa más importante de Alemania dedicada a la fundición y forja de acero, con presencia en ochenta países y 2300 centros de producción, oficinas y servicios en todo el mundo. En España, la más conocida es su rama dedicada a la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
El accidente que causó la muerte de siete obreros sucedió el 6 de diciembre de 2007 tras desbordarse un depósito de aceite que servía para enfriar las láminas de acero y que generó un incendio y explosión cuando los trabajadores trataban de retirarlo. Un operario murió en el acto y los otros seis perdieron la vida tras varios días de agonía por sus gravísimas quemaduras. Fue uno de los accidentes laborales más graves sucedidos en Italia en los últimos años. Conmocionó a todo el país y dio lugar a una campaña nacional para mejorar las medidas de seguridad en los centros de trabajo.
Los obreros de ThyssenKrupp denunciaron entonces que los extintores y el sistema de apagado automático del incendio no funcionaban, y que las medidas de seguridad en la fundición eran obsoletas. Igualmente criticaron que los empleados tenían que trabajar hasta doce horas seguidas si querían conservar su empleo. Lo más excepcional de la sentencia de Turín es que consideró a los directivos como responsables de varios delitos de "homicidio voluntario". Es la primera vez que se contempla esa figura en un accidente laboral en Italia. Además de la condena al consejero delegado, la sentencia de la Corte d'Assise (un tribunal penal compuesto por jueces y jurados que decide sobre los crímenes más graves) de Turín recogió las peticiones de los fiscales en el caso de 5 de los 6 condenados: cuatro de ellos con una pena de trece años y tres meses de prisión, y el quinto, Daniele Moroni, la vio aumentada de los 9 años de cárcel que pedía la fiscalía a 10 años y 10 meses. Además se impuso a la empresa una sanción de un millón de euros y la prohibición de recibir subvenciones estatales italianas durante seis meses. En el mismo periodo, ThyssenKrupp estará sometida al impedimento de hacer publicidad de sus productos en Italia. Aunque la compañía presentó un recurso de casación al tribunal superior, llegó a un acuerdo con la acusación para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones y garantizarlas independientemente de que la sentencia pueda cambiarse tras el recurso.
CREAR JURISPRUDENCIA.
En opinión del abogado Roberto Lamacchia, la gran trascendencia de esta sentencia se debe a que "por primera vez, se condena por 'homicidio voluntario con 'dolo eventual' a unos directivos por un accidente laboral, es decir, se toma en consideración el conocimiento por parte de los directivos de que se estaban incumpliendo unas medidas, que ello suponía un potencial peligro para los trabajadores y, a pesar de éso, decidieron seguir sin rectificar. Esto quedó demostrado mediante la existencia de documentos en los que el consejero delegado Herald Espenhahn da instrucciones para que la aplicación de las medidas de seguridad, entre ellas un sistema automático para apagar el incendio apenas se iniciara, se aplazaran para las nuevas instalaciones en la localidad de Terini y no se pusieran en marcha en esta factoría de Turin, en vías de desmantelamiento donde ya sólo había 200 de los 400 empleados habituales. No es que quisiera la muerte de los trabajadores, claro está, pero sabía de las condiciones de alto riesgo e impidió las medidas, de ahí el dolo eventual. En cambio, otros cuatro directivos fueron condenados por “homicidio culposo” con menos responsabilidad, porque no estaba en sus manos decidir la intervención preventiva, no tenían el poder para decidir la instalación de las necesarias medidas de seguridad". "Esta consideración no tiene precedentes en Italia –añade Lamacchia-, de ahí la repercusión enorme de esta sentencia, que abre un escenario importante para otros casos similares, no sólo en Italia, sino también en otros países en cuya legislación pueda existir el dolo eventual (1). Existe otra novedad de la sentencia, y es que se ha llegado a indemnizar a trabajadores que no sufrieron daño, e incluso a algunos que ni siquiera se encontraban en el lugar en el momento del accidente, pero que, en alguna ocasión, estuvieron expuestos al riesgo sin las medidas de seguridad. El auto confirma que el hecho de exponer a los trabajadores al peligro ya es un delito que debe ser castigado, aunque no haya sucedido el accidente. Se trata de una consideración que no tenía hasta ahora precedentes y que puede crear jurisprudencia".
La otra sentencia, procedente del mismo juzgado, fue dictada el 13 de febrero de 2012 y condenó también a 16 años de cárcel al ex propietario del grupo suizo Eternit, Stephan Schmidheiny, y a un administrador de la filial italiana, el barón belga Jean-Louis-Maríe Ghislain de Cartier de Marchienne. Se trata del denominado "juicio del amianto" en Italia que estableció el pago de decenas de millones de euros de indemnización en otra sentencia histórica.
Los jueces italianos, tras una investigación de cinco años, consideraron a los acusados culpables de “desastre doloso” y “omisión dolosa” de medidas de seguridad y responsables de la muerte de unas 3000 personas en Italia, obreros o habitantes de cuatro localidades donde Eternit Italia tenía sus fábricas desde 1976 a 1986. Según la sentencia, al igual que en el caso ThyssenKrupp, se violaron las reglas de la seguridad laboral, pero ahora, además, provocaron, a causa del amianto, "una catástrofe sanitaria y ambiental permanente".
Las indemnizaciones establecidas ascienden a 170 millones de euros. Se trata solamente de las destinadas a los ayuntamientos y regiones afectadas, a los organismos oficiales que han tenido que hacer frente a las consecuencias y a las organizaciones personadas en el proceso. A ellas se añaden las indemnizaciones que durante más de tres horas el juez Giuseppe Casalbore leyó destinadas a cada uno de los más de 4500 afectados, entre la emoción y las lágrimas de las víctimas asistentes a la sala y la presencia de medios de comunicación de todo el mundo. "La esperábamos desde hace 30 años", comentó al diario il Manifestó Romana Blasotti Pavesi, presidenta de la Asociación de familias víctimas del amianto, quien perdió cinco parientes, entre ellos su marido y su hija. "Estoy satisfecha -añadió con la cara todavía enrojecida por la emoción- pero también triste por los muertos que se podían haber evitado. Estoy cansada, pero la batalla no ha terminado. Hay que descontaminar el área, sensibilizar a los jóvenes que tienen que seguir adelante".
El origen del proceso está en la lucha abierta por los trabajadores de Eternit de la fábrica de Cásale Monferrato (en la región italiana del Piamonte) y por los vecinos de la localidad, que vieron como varios miles de sus ciudadanos enfermaron y murieron de cáncer por la exposición al polvo de amianto -también llamado asbesto- procedente de la fábrica. El relato de estos hechos fue recogido en la novela La lana de la salamandra, de Giampiero Rossi (Eds. GPS, Madrid). Lamacchia, quien también es presidente de la sección italiana de la Asociación de Juristas Democráticos, destaca que "en el proceso quedó demostrado que el directivo de Eternit sabía de la peligrosidad del amianto y que, en un momento determinado, dio instrucciones para que no se informase de esa peligrosidad que se debía difundir la falsa idea de que el peligro sólo se encontraba en el amianto blanco y no en el azul, que era el utilizado en la empresa. Además, también indicó que su identidad no debía aparecer como responsable de esas indicaciones". En opinión del letrado, "se trata de una sentencia revolucionaria porque, aunque todavía no estaba en vigor en Italia la prohibición del amianto, el directivo empresarial ya sabía que su uso podía provocar cáncer y no tomaron las medidas adecuadas ni informaron a los trabajadores y a la población".
VICTIMAS DEL AMIANTO EN ESPAÑA
Las organizaciones sindicales y ecologistas celebraron que la justicia italiana reconociese las exigencias de las víctimas, lo cual abre el camino para que se atiendan reclamaciones similares en otros países de la Unión Europea y del resto del mundo. La expectación creada fue tan importante debido a que los procesos por contaminación por amianto se están desarrollando en numerosos países. Al juicio -el mayor del mundo sobre el amianto- asistieron abogados de numerosas nacionalidades: belgas, suizos, franceses, alemanes y holandeses. Su objetivo era coordinar estrategias y argumentaciones jurídicas para extenderlas a otros juicios y darle una proyección internacional. Roberto Lamacchia reconoce que "la sentencia de Turín no puede sentar jurisprudencia formal para ningún juicio en España ni en el resto de la UE, pero sus fundamentaciones pueden servir de base argumental para otros procesos".
La organización Ecologistas en Acción ha señalado que, en España, hay situaciones similares a la de Cásale Monferrato en Sevilla, Cerdanyola (Barcelona) y en las fábricas de la empresa Uralita en Getafe y Ciempozuelos (Madrid). Concretamente esta firma fue condenada, el pasado mes de febrero, por un juzgado de Madrid a pagar 1727000 euros a 23 trabajadores de sus fábricas madrileñas "por no adoptar las medidas de protección necesarias" contra la exposición y la inhalación de amianto.
Eran un total de 40 los trabajadores que se habían presentado como acusación en este juicio, celebrado el 23 de enero pasado, de los que 17 han fallecido de cáncer en los últimos tres años. La inhalación de fibras de amianto produce dos tipos de enfermedades: asbestosis y cáncer. La primera consiste en una fíbrosis intersticial difusa de los pulmones, derivada de la exposición al polvo de amianto y, por lo tanto, se presenta comúnmente en trabajadores expuestos al asbesto. Puede terminar produciendo incapacitación y muerte. El amianto fue prohibido en toda la Unión Europea en 2005 cuando entró en vigor una directiva de 1999. La prohibición no se hizo efectiva en España hasta el año 2001. Según los cálculos del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), entre 8000 y 10000 personas sufrirán hasta 2030 alguna de las enfermedades causadas por esta fibra tóxica, debido al largo tiempo de latencia. Es una amenaza que se cierne sobre miles de trabajadores que durante décadas manipularon y estuvieron en contacto directo con esta sustancia amianto se utilizó masivamente entre los años 1960 y 1980 en millares de empresas y en la construcción gracias a sus excelentes propiedades como aislante y como resistente al fuego.
Si ambas sentencias han salido de los juzgados de Turín es debido a que, en caso de ThyssenKrupp le correspondía territorialmente al encontrarse en esa ciudad su fábrica accidentada; y respecto a Eternit por la iniciativa del fiscal que Ilevó la competencia a Turín ya que, según la legislación italiana, fue el primer juzgado donde se inscribió el procedimiento, no como un caso de intoxicación por amianto, pero sí como acusación de 'desastre ambiental’. Lamacchia también destaca que la sentencia contra los directivos de ThyssenKrupp fue emitida por un jurado popular, y que la de Eternit procedió de un tribunal ordinario.
Fuente LMD EN ESPAÑOL
En el número 198 - abril 2012
(1) La figura de "dolo eventual" está ampliamente
admitida por los tribunales españoles.
Periodista. Su libro más reciente es Contra la neutralidad.
Tras los pasos de John Reed. Ryszard Kapuscinsky, Edgar Snow,
Rodólfo Walsh y Robert Capa (Península. Barcelona. 2011).
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