Eurovegas y la historia del urbanismo
Del blog multipliciudades, investigación y teoría urbana en tiempos de crisis
en http://alcorcondeizquierdas.blogspot.com.es/
martes, 26 de junio de 2012
domingo, 24 de junio de 2012
lunes, 18 de junio de 2012
I CONGRESO TRABAJO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD
ALTERNATIVAS PARA UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
MANIFIESTO
POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
Quienes firmamos este Manifiesto somos personas vinculadas a la Universidad y al mundo del trabajo, preocupadas por la gestión antisocial de la actual crisis económica, ante la que nos sentimos obligadas a levantar nuestra voz y hacer llegar nuestras propuestas, con la pretensión de convocar a la reflexión y la acción colectivas.
No podemos ni queremos permanecer impasibles ante una crisis cuyas causas y efectos resultan claramente asimétricos, pues mientras se exime de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se pretende invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía en general, al focalizar las hipotéticas soluciones en la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar:
• El paro alcanza ya dimensiones dramáticas, tanto en términos agregados (casi seis millones de personas desempleadas), como generacionales (más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas) y, especialmente, sociales y humanos, para quienes viven con angustia el agotamiento de sus prestaciones e incluso de sus esperanzas, al tiempo que asisten indignados al impúdico espectáculo del rescate de bancos e indemnización de banqueros.
• Muchos ciudadanos y ciudadanas se ven hoy privados del derecho a la vivienda, no sólo por la dificultad para acceder a la misma, sino porque están perdiendo las que adquirieron trabajosamente en su momento sin que los poderes públicos reaccionen.
• Otros derechos sociales fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a esos derechos.
• El desmantelamiento del Estado Social se aprecia en otros muchos aspectos, tales como la postergación de la atención a las personas dependientes, la falta de interés hacia la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, el atentado constante a los derechos laborales básicos, etc.
Todo ello se justifica mediante falsos argumentos que pretenden presentar como necesario lo que no lo es, o
que quieren amparar esas políticas regresivas en una falta de recursos irreal y que podría eliminarse. Se oculta, por ejemplo, la reducción constante de la tributación sobre las rentas altas y las rentas de capital, se oculta que sería posible una acción concertada contra el fraude y los paraísos fiscales, se oculta que sería posible imponer una tasa a las transacciones de capital, se oculta, en definitiva, el desigual trato que supone conceder una amnistía fiscal muy generosa en momentos en los que hacen falta recursos y en los que la mayoría de las personas, generalmente de rentas medias y bajas, han pagado rigurosamente sus impuestos. Pero, sobre todo, se pretende que ignoremos que los recursos que supuestamente faltan sí que existen y se utilizan ampliamente para tapar la crisis financiera sin dar explicaciones sobre la misma, sin buscar donde está el dinero supuestamente perdido pero que no puede haber desparecido y, lo que es más grave, pretendiendo no exigir ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
En el ámbito de las relaciones laborales, constatamos cómo se reforma la legislación no para hacer más flexibles y modernas a nuestras empresas, sino simplemente para reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de derechos laborales. Se flexibiliza el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, dejando sin eficacia los convenios tras su denuncia en un corto período de tiempo y remitiendo a una negociación en la empresa que resulta prácticamente imposible en la mayoría de los casos dado el predomino en nuestro país de las pequeñas y micro-empresas, en las que el empleador no tiene interlocutores que contrarresten su poder, por lo que acabará imponiendo unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que constituye, en definitiva, el objetivo último de una reforma orientada a desregular las relaciones laborales y debilitar las funciones representativas y de interlocución del sindicalismo.
Por esta vía el Estado Social acaba reducido a la nada o a su mínima expresión, y ello va acompañado de un
regreso al autoritarismo frente a las resistencias crecientes que encuentran estas políticas. Así, se busca cercenar derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho de huelga y directamente se pretende criminalizar la disidencia. No es solamente el Estado Social lo que está en peligro, sino directamente el propio Estado de Derecho.
A ello se unen las actitudes despóticas y autoritarias que vemos a diario: se legisla en contra de lo pactado días antes por empresarios y trabajadores, despreciando el esfuerzo de las organizaciones sindicales y empresariales en su proceso de negociación; se niegan las explicaciones de las medidas, no ya en el Parlamento, recurriendo a la legislación por Decreto Ley, sino ignorando a quienes legítimamente deberían recibir esas explicaciones, como en el reciente desprecio hacia los Rectores Universitarios; se ignoran las asociaciones cívicas, por ejemplo de dependientes o de estudiantes y sus justas reivindicaciones; se recuperan fórmulas superadas por su autoritarismo e incompatibilidad con el sistema democrático, como el arbitraje obligatorio; se derogan los derechos de las personas que trabajan en el sector público y sus pactos y acuerdos sin siquiera someter las medidas previamente a la negociación, etc.
Pero además todo ello reduce el consumo, empobrece a la sociedad y a la ciudadanía y agrava la crisis, sin
olvidar la injusticia social y la regresión política que todas estas medidas suponen, cuyo efecto agregado no hace sino agravar las dimensiones de la crisis económica, poniendo de manifiesto que no tienen por objeto atajar sus causas ni paliar sus efectos sino, en una operación claramente ideológica, utilizar la crisis como coartada para reforzar los privilegios de los poderosos, desmantelar el Estado de Bienestar y desactivar los sujetos de protesta y propuesta social, especialmente el sindicalismo confederal y de clase.
Pero otra política es posible; el documento marco del I Congreso sobre Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1º de Mayo (Centro Sindical de Estudios de CCOO) lo demuestra y a él nos remitimos.
Es posible una política que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales, devolviendo el protagonismo a quienes trabajan, a sus empleadores, a las organizaciones sindicales y empresariales. Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando el consumo y la inversión y no pretendiendo falsamente competir por la simple reducción de costes salariales.
Es posible una política que defienda nuestros derechos sociales básicos; el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad.
Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes.
Para ello es posible generar recursos e ilusionar a la sociedad con su futuro, pues esas son las políticas que la mayor parte de ella espera y reclama, y esa no es una aspiración, una exigencia y un derecho que se reclame sólo en España, es una exigencia mundial, planteada con toda su rotundidad en la cumbre Rio+20, en los documentos de la ONU y la OIT, sentida por los movimientos sociales en numerosos Estados.
Por eso queremos alzar nuestra voz en defensa del Estado Social, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales, en defensa de un Derecho del Trabajo que proteja a quienes trabajan pues para eso nació, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis.
Hay alternativa, construyámosla, exijámosla
POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
Quienes firmamos este Manifiesto somos personas vinculadas a la Universidad y al mundo del trabajo, preocupadas por la gestión antisocial de la actual crisis económica, ante la que nos sentimos obligadas a levantar nuestra voz y hacer llegar nuestras propuestas, con la pretensión de convocar a la reflexión y la acción colectivas.
No podemos ni queremos permanecer impasibles ante una crisis cuyas causas y efectos resultan claramente asimétricos, pues mientras se exime de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se pretende invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía en general, al focalizar las hipotéticas soluciones en la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar:
• El paro alcanza ya dimensiones dramáticas, tanto en términos agregados (casi seis millones de personas desempleadas), como generacionales (más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas) y, especialmente, sociales y humanos, para quienes viven con angustia el agotamiento de sus prestaciones e incluso de sus esperanzas, al tiempo que asisten indignados al impúdico espectáculo del rescate de bancos e indemnización de banqueros.
• Muchos ciudadanos y ciudadanas se ven hoy privados del derecho a la vivienda, no sólo por la dificultad para acceder a la misma, sino porque están perdiendo las que adquirieron trabajosamente en su momento sin que los poderes públicos reaccionen.
• Otros derechos sociales fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a esos derechos.
• El desmantelamiento del Estado Social se aprecia en otros muchos aspectos, tales como la postergación de la atención a las personas dependientes, la falta de interés hacia la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, el atentado constante a los derechos laborales básicos, etc.
Todo ello se justifica mediante falsos argumentos que pretenden presentar como necesario lo que no lo es, o
que quieren amparar esas políticas regresivas en una falta de recursos irreal y que podría eliminarse. Se oculta, por ejemplo, la reducción constante de la tributación sobre las rentas altas y las rentas de capital, se oculta que sería posible una acción concertada contra el fraude y los paraísos fiscales, se oculta que sería posible imponer una tasa a las transacciones de capital, se oculta, en definitiva, el desigual trato que supone conceder una amnistía fiscal muy generosa en momentos en los que hacen falta recursos y en los que la mayoría de las personas, generalmente de rentas medias y bajas, han pagado rigurosamente sus impuestos. Pero, sobre todo, se pretende que ignoremos que los recursos que supuestamente faltan sí que existen y se utilizan ampliamente para tapar la crisis financiera sin dar explicaciones sobre la misma, sin buscar donde está el dinero supuestamente perdido pero que no puede haber desparecido y, lo que es más grave, pretendiendo no exigir ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
En el ámbito de las relaciones laborales, constatamos cómo se reforma la legislación no para hacer más flexibles y modernas a nuestras empresas, sino simplemente para reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de derechos laborales. Se flexibiliza el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, dejando sin eficacia los convenios tras su denuncia en un corto período de tiempo y remitiendo a una negociación en la empresa que resulta prácticamente imposible en la mayoría de los casos dado el predomino en nuestro país de las pequeñas y micro-empresas, en las que el empleador no tiene interlocutores que contrarresten su poder, por lo que acabará imponiendo unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que constituye, en definitiva, el objetivo último de una reforma orientada a desregular las relaciones laborales y debilitar las funciones representativas y de interlocución del sindicalismo.
Por esta vía el Estado Social acaba reducido a la nada o a su mínima expresión, y ello va acompañado de un
regreso al autoritarismo frente a las resistencias crecientes que encuentran estas políticas. Así, se busca cercenar derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho de huelga y directamente se pretende criminalizar la disidencia. No es solamente el Estado Social lo que está en peligro, sino directamente el propio Estado de Derecho.
A ello se unen las actitudes despóticas y autoritarias que vemos a diario: se legisla en contra de lo pactado días antes por empresarios y trabajadores, despreciando el esfuerzo de las organizaciones sindicales y empresariales en su proceso de negociación; se niegan las explicaciones de las medidas, no ya en el Parlamento, recurriendo a la legislación por Decreto Ley, sino ignorando a quienes legítimamente deberían recibir esas explicaciones, como en el reciente desprecio hacia los Rectores Universitarios; se ignoran las asociaciones cívicas, por ejemplo de dependientes o de estudiantes y sus justas reivindicaciones; se recuperan fórmulas superadas por su autoritarismo e incompatibilidad con el sistema democrático, como el arbitraje obligatorio; se derogan los derechos de las personas que trabajan en el sector público y sus pactos y acuerdos sin siquiera someter las medidas previamente a la negociación, etc.
Pero además todo ello reduce el consumo, empobrece a la sociedad y a la ciudadanía y agrava la crisis, sin
olvidar la injusticia social y la regresión política que todas estas medidas suponen, cuyo efecto agregado no hace sino agravar las dimensiones de la crisis económica, poniendo de manifiesto que no tienen por objeto atajar sus causas ni paliar sus efectos sino, en una operación claramente ideológica, utilizar la crisis como coartada para reforzar los privilegios de los poderosos, desmantelar el Estado de Bienestar y desactivar los sujetos de protesta y propuesta social, especialmente el sindicalismo confederal y de clase.
Pero otra política es posible; el documento marco del I Congreso sobre Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1º de Mayo (Centro Sindical de Estudios de CCOO) lo demuestra y a él nos remitimos.
Es posible una política que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales, devolviendo el protagonismo a quienes trabajan, a sus empleadores, a las organizaciones sindicales y empresariales. Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando el consumo y la inversión y no pretendiendo falsamente competir por la simple reducción de costes salariales.
Es posible una política que defienda nuestros derechos sociales básicos; el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad.
Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes.
Para ello es posible generar recursos e ilusionar a la sociedad con su futuro, pues esas son las políticas que la mayor parte de ella espera y reclama, y esa no es una aspiración, una exigencia y un derecho que se reclame sólo en España, es una exigencia mundial, planteada con toda su rotundidad en la cumbre Rio+20, en los documentos de la ONU y la OIT, sentida por los movimientos sociales en numerosos Estados.
Por eso queremos alzar nuestra voz en defensa del Estado Social, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales, en defensa de un Derecho del Trabajo que proteja a quienes trabajan pues para eso nació, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis.
Hay alternativa, construyámosla, exijámosla
Estimados compañeros y compañeras:
Copiamos los enlaces al vídeo: "Ningún país ha salido de la crisis con austeridad",
sobre la conferencia de Joseph Stiglitz en la inauguración del I
Congreso Trabajo, Economía y Sociedad organizado por la Fundación 1º de
Mayo de CCOO.
También os copiamos los enlaces al vídeo: ¡Manifestación 20J: No nos van a callar!.
Os agradeceríamos su difusión.
martes, 12 de junio de 2012
Democratizar la ley electoral y los medios de comunicación - JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM en DAME MI TELE
Dame mi tele
JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM
JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM
El 15M debería concentrarse simultáneamente delante de las sedes de RTVE y de todas las radios y las televisiones de las comunidades autónomas para reclamar el derecho de acceso. El artículo 20 de la Constitución establece que «la ley garantizará el acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios de comunicación de servicio público». En aplicación de dicho mandato constitucional, la ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal (2006) obliga al Consejo de Administración de RTVE a repartir «espacios específicos» en RNE y TVE, con «la disponibilidad de los medios técnicos y profesionales necesarios para su realización ». Y la ley de financiación de RTVE (2009) precisa que RNE y TVE «tienen que dedicar por lo menos doce horas semanales, en horario no residual, a emitir los programas del derecho de acceso».
El derecho de acceso está incluido también en los estatutos de todas las radios y televisiones de servicio público de las comunidades autónomas. Es un mandato constitucional y lo impone la ley pero el PP y el PSOE se niegan a aplicarlo porque no lo necesitan para ocupar, desproporcionada e injustamente, la inmensa mayoría de las informaciones en los medios de comunicación más poderosos. Si cumplieran con su obligación, los «grupos sociales y políticos significativos» tendrían la oportunidad de conectar con las grandes audiencias para difundir sus denuncias, propuestas e iniciativas, de manera que los ciudadanos supieran que hay otras formas de organizar la política y la economía con la solidaridad como fundamento. Democratizar la ley electoral y los medios de comunicación (incluyendo el derecho de acceso al servicio público) es la combinación imprescindible para que cada voto y cada voz valgan lo mismo.
Entre lo que no hizo Zapatero y lo que destroza Rajoy Si en España hay ahora un grupo social al que nadie
le niega su dimensión de significativo, es al 15M. Para su organización y comunicación interna cuenta con las nuevas tecnologías y las redes sociales, pero le están bloqueando dos derechos, para que sus informaciones no puedan llegar a las grandes audiencias sin la deformación de los intermediarios: el derecho de acceso y el derecho a las iniciativas sociales en la radio y en la televisión. La ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) anuncia, pero no asegura, el reparto equitativo de las licencias de radio y de televisión entre los negocios, el servicio público y las iniciativas sociales. En la práctica, benefi cia, con la absoluta impunidad, a los negocios audiovisuales, reduce el servicio público y bloquea las iniciativas sociales. Lo comercial ocupa el setenta por ciento y lo público el treinta por ciento de las licencias estatales y autonómicas, recluyendo a las iniciativas sociales en el ámbito municipal con tremendas limitaciones para su fi nanciación y cobertura. La LGCA entró en vigor, con su publicación en el BOE, el 31-03-2010, y obligaba al gobierno a aplicar «en un plazo máximo de doce meses» un reglamento para determinar «tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro». Pero Zapatero no lo hizo.
Aunque su proyecto de reglamento era muy restrictivo, esa regulación habría facilitado la defensa de los medios de carácter social como Tele K. Al no cumplir el PSOE con su obligación, el gobierno del PP puede mantener a las emisoras comunitarias sometidas a la inseguridad de las arbitrariedades de las administraciones o, lo que es peor, imponer un reglamento que impida defi nitivamente el desarrollo de las iniciativas sociales en radio y televisión. La LGCA sólo tenía tres ingredientes positivos: el control parlamentario de RTVE con la promesa del derecho de acceso, un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) para controlar a las emisoras comerciales y la posibilidad de una regulación democrática de las iniciativas sociales. Zapatero impidió la aplicación del derecho de acceso cuando el PSOE tenía la mayoría en el Consejo de Administración y Rajoy elimina ahora el control parlamentario para volver a la RTVE gubernamentalizada y abre la veda para la privatización de las autonómicas. Zapatero no se atrevió a formar el CEMA y Rajoy lo elimina con la reforma de la ley. Zapatero no aplicó ni siquiera un mal reglamento para las iniciativas sociales y Rajoy las aplastará. Dame mi tele, debe reclamar el 15M, porque le arrebatan el derecho de tener medios propios de carácter social y el derecho de tener espacios de libre disposición en las emisoras de servicio público. Es la política, iniciada por el PSOE y culminada por el PP, de intentar aislar a lo que moviliza porque crece contagiando.
Aunque su proyecto de reglamento era muy restrictivo, esa regulación habría facilitado la defensa de los medios de carácter social como Tele K. Al no cumplir el PSOE con su obligación, el gobierno del PP puede mantener a las emisoras comunitarias sometidas a la inseguridad de las arbitrariedades de las administraciones o, lo que es peor, imponer un reglamento que impida defi nitivamente el desarrollo de las iniciativas sociales en radio y televisión. La LGCA sólo tenía tres ingredientes positivos: el control parlamentario de RTVE con la promesa del derecho de acceso, un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) para controlar a las emisoras comerciales y la posibilidad de una regulación democrática de las iniciativas sociales. Zapatero impidió la aplicación del derecho de acceso cuando el PSOE tenía la mayoría en el Consejo de Administración y Rajoy elimina ahora el control parlamentario para volver a la RTVE gubernamentalizada y abre la veda para la privatización de las autonómicas. Zapatero no se atrevió a formar el CEMA y Rajoy lo elimina con la reforma de la ley. Zapatero no aplicó ni siquiera un mal reglamento para las iniciativas sociales y Rajoy las aplastará. Dame mi tele, debe reclamar el 15M, porque le arrebatan el derecho de tener medios propios de carácter social y el derecho de tener espacios de libre disposición en las emisoras de servicio público. Es la política, iniciada por el PSOE y culminada por el PP, de intentar aislar a lo que moviliza porque crece contagiando.
ver también:
http://waldendos.org/index.php/Sociedad/15M-DAME-MI-TELE.html
Fuente:
http://madrid15m.org/quiosco.html
XIII FIESTA DEL PCM
16 de junio
Parque Paraíso de San Blas
(simancas L7) autobuses 28, 38, 48, 70, 153, 288, N 203
Actividades
Coloquios
Intervenciones políticas
Ludoteca
Conciertos
JOSE MARÍA ALFAYA
ORLIS PINEDA
DURO PEYOTE
CROMÁTICA PISTONA
PARTIDO COMUNISTA DE MADRID
Parque Paraíso de San Blas
(simancas L7) autobuses 28, 38, 48, 70, 153, 288, N 203
Actividades
Coloquios
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Ludoteca
Conciertos
JOSE MARÍA ALFAYA
ORLIS PINEDA
DURO PEYOTE
CROMÁTICA PISTONA
PARTIDO COMUNISTA DE MADRID
lunes, 11 de junio de 2012
“No te calles. Defiende tus derechos”
El miércoles 20 de junio de 2012 CCOO y UGT han convocado
grandes manifestaciones en todo el país contra los recortes y para defender los
derechos. En concreto la de Madrid está prevista a las 19,30 horas,
desde Neptuno a la Puerta del Sol.
EL 20 DE JUNIO
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS
“No
te calles. Defiende tus derechos”
Llevan
cinco meses y medio en el Gobierno y no paran de recortar derechos. Guiado por
Merkel y las instituciones financieras, el Gobierno español ha puesto en marcha
un descarnado programa de reformas con la única obsesión de contener el déficit
y acabar con derechos laborales, sociales y democráticos. Creyeron que su sola
presencia en el Gobierno tranquilizaría a los poderes financieros y
restablecería la confianza en nuestra maltrecha economía. Pero en este breve
periodo de tiempo el paro no ha dejado de crecer, la economía permanece
estancada y no se atisba la salida de la crisis.
Europa
vive una grave crisis económica y social con tasas dramáticas de desempleo: son
ya 24 millones las personas que están en paro en la Unión Europea , entre
ellas más de cinco millones de jóvenes.
En España, el paro alcanza cifras dramáticas: más de 5,5 millones de personas;
en 1,7 millones de hogares, ninguno de sus integrantes en condiciones de
trabajar, tiene empleo.
Y
por si fuera poco, el crecimiento imparable del desempleo coincide con un
ataque generalizado y sistemático a los derechos laborales y sociales,
impulsado desde las instituciones europeas, que está teniendo consecuencias
especialmente dolorosas en los países del sur y del este de Europa: disminución de salarios y pensiones, pérdida
de derechos, debilitamiento de la negociación colectiva y de la capacidad de
los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro de las prestaciones
y servicios públicos, y ataque sin precedentes al Estado de bienestar.
Reformas y
ajustes contra los trabajadores
El
pasado 10 de
febrero de 2012 , el Gobierno aprobó, sin negociación ni consulta
con los interlocutores sociales, la reforma del mercado de trabajo que ya se
aplica en las empresas con todas las consecuencias. Una reforma laboral que es
el mayor golpe al derecho del trabajo de la democracia; abarata y facilita el
despido; refuerza el poder de los empresarios y consolida la precariedad del
mercado de trabajo. Además, frente a lo prometido por el Gobierno, la reforma
laboral no reduce las modalidades de contratación (crea un nuevo contrato que
podrán utilizar el 99% de las empresas y que afectará al 65% de los
trabajadores y trabajadoras; un contrato precario de dudosa
constitucionalidad); introduce diferencias en las posibilidades de empleo;
afecta gravemente a la negociación colectiva (la Comisión de Empleo del
Congreso ha endurecido todavía más este capítulo al poner fin a la
ultractividad de los convenios una vez transcurrido un año de su vigencia
inicial); y facilita el despido en las Administraciones Públicas.
Por
otro lado, los PGE-2012 van a profundizar la situación de recesión económica.
Oficialmente España ha entrado en recesión después de registrar dos trimestres
consecutivos de caída del PIB. El Gobierno ha estimado una caída del 1,7% del
PIB en 2012 asociada a una destrucción de 650.000 empleos. Todo ello en el
marco de fuertes ajustes anunciados en RTVE y las televisiones autonómicas,
Sanidad, Educación, Políticas Sociales, las condiciones impuestas a las
Corporaciones Locales para financiar el pago a proveedores, una reducción de la
presencia del sector público en la economía y una renuncia explícita a la inversión
pública y el empleo.
Frente
a ello, UGT y CCOO insistimos en que hay otra política para salir de la crisis;
para minimizar la erosión económica y social que anticipa la conjunción de
efectos de recesión económica y reforma laboral. Una apuesta por el crecimiento
y la inversión pública, por el empleo de
calidad y la sostenibilidad del modelo social. Una propuesta de reforma del
sistema financiero orientada a resolver la financiación de la economía española
y a impulsar la circulación del crédito, frente a las medidas aprobadas por el
Gobierno que únicamente han venido a completar el proceso de demolición del
sistema de Cajas de Ahorro.
Igualmente,
España necesita una actuación en materia fiscal más coordinada y eficaz. Una
actuación que no puede pasar nunca por la aprobación de una amnistía fiscal que
supone un ataque ético muy grave a la justicia y equidad fiscal, y sí por una
reforma para incrementar los recursos del Estado y hacer frente al fraude fiscal y a la economía sumergida.
CCOO
y UGT hemos emplazado una y otra vez al Gobierno a negociar un acuerdo por la
reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Un Acuerdo que debería
implicar a las fuerzas políticas parlamentarias y a las instituciones del
Estado. A nuestro juicio, este sería el mejor camino para restablecer la
confianza y sentar las bases para una salida más justa y equilibrada de la crisis. Pero el
Ejecutivo prefiere entenderse con Merkel y la derecha europea para intentar,
sin conseguirlo, satisfacer a mercados e instituciones financieras. Sigue
instalado en el conflicto social, en el ataque a los derechos laborales y a los
servicios públicos; en la eliminación de derechos civiles y democráticos; en la
‘criminalización’ de la respuesta social y sindical.
El
movimiento sindical no va a parar. Seguiremos movilizándonos en la calle contra
estas políticas antes y después del verano, y mantendremos un diálogo constante
y fluido con la sociedad civil y las fuerzas políticas para trasladarles
nuestras propuestas; fortaleceremos las alianzas sociales en defensa de los
servicios públicos y el Estado de bienestar; promoveremos los mayores niveles
de protección de las personas en situación de desempleo. POR ELLO, EL 20 DE JUNIO, HEMOS CONVOCADO MANIFESTACIONES EN TODO EL
PAÍS PARA DENUNCIAR LOS RECORTES SOCIALES DEL GOBIERNO, PARA VOLVER A RECHAZAR LA REFORMA LABORAL , Y
PARA ENFRENTAR LA CRISIS CON OTRA
Luis Pastor - Nana del Che http://www.youtube.com/watch?v=5XjkYHol6fk&feature=related
Compañerxs Telemadrid convocan concentración en Puerta del Sol en protesta por el ERE
RENTA 2011 y La casilla de la Iglesia
Por Ricardo Rodríguez
recorte de Mundo Obrero Junio 2012
recorte de Mundo Obrero Junio 2012
Como cada año por estas fechas, vuelve la Iglesia católica a intentar convencernos por medio de costosas campañas publicitarias para que optemos en nuestra declaración de la renta por desviar en su favor una parte del impuesto. Con el fin de que marquemos la dichosa casilla de la Iglesia, ya saben. Los jerarcas eclesiásticos deberían andarse con cuidado o acabarán ardiendo eternamente en los infiernos por mentir. Porque ellos saben de sobra que el dinero que se embolsan por esta vía no va a sufragar la obra social de la Iglesia, sino a pagar salarios de sacerdotes (no de monjas, por cierto) y al sostenimiento de la propia estructura de la multinacional religiosa y del culto. Los datos los hace públicos cada año en informes de admirable rigor estadístico la plataforma cívica Europa Laica. Según los datos oficiales referidos a la declaración de IRPF de 2010, la Iglesia obtuvo por medio de la asignación tributaria cerca de 250 millones de euros, con un aumento sustancial de contribuyentes que marcaron la casilla. Esta cantidad engrosa el llamado Fondo Común Interdiocesano, que se nutre en un 94% de dinero proveniente del fisco y solamente en un 6 % de aportaciones de las diócesis (a despecho del compromiso adquirido por el Vaticano en 1979 de caminar hacia la autofinanciación). Los fondos que se destinan a las organizaciones religiosas de ayuda social, tales como Caritas o Manos Unidas, no provienen de lo recaudado por la aportación, a la Iglesia, sino casualmente del dinero que se asigna en la casilla de "fines sociales", del que estas entidades son beneficiarías junto a otras asociaciones no religiosas.
En 2010, las organizaciones sociales católicas recibieron de aquí aproximadamente 110 millones de euros, lo que supuso en torno a un tercio del total de lo entregado por el Estado con este objeto. La Conferencia Episcopal entrega anualmente donaciones a sus asociaciones de caridad, pero de manera voluntaría, exactamente igual que lo puede hacer cualquier particular. El año pasado, la propia Caritas informó que había recibido de su jerarquía 4 millones de euros. Teniendo presente que, entre subvenciones directas, exenciones fiscales y registro a su nombre de propiedades inmuebles, la Iglesia percibirá en 2012, de nuevo, más de 11.000 millones de euros del conjunto de Administraciones públicas, y añadiéndole a ello que Caritas es su proyecto de socorro social más importante, no parece que 4 millones sea una gran prueba de generosidad con los pobres del mundo. A pesar de lo cual, en la campaña publicitaria (portantos.com) se insiste en mostrar a monjitas ayudando a ancianos para convencernos de que garanticemos con nuestros impuestos los honorarios de los obispos.
Pero lo peor no son las cifras, ya de por sí escandalosas, sino el mero hecho de que el Estado ampare que una organización, religiosa o de la naturaleza que sea, se financie con evasión de impuestos, que para los simples mortales es un delito. Quien señala que desea entregar una parte de su impuesto a la Iglesia, no hace una aportación extra para que el Estado la transfiera, sino que ordena al Estado desviar a la Iglesia una parte de lo que va a dejar de pagar en concepto de IRPF. Es una forma, autorizada, de evasión fiscal, que de hecho hace que se pague a la Iglesia con el dinero de todos. El dinero de los impuestos es público, no para que cada quien disponga a placer sobre él. No es, pues, tampoco, alternativa laica real marcar la casilla de fines sociales, sino suprimir cualquier opción semejante en el Impuesto de la Renta, que ha de basarse estrictamente en la capacidad económica del contribuyente. Y, entre tanto, no marcar nada o poner la cruz en la casilla que dice "sin asignación".
domingo, 10 de junio de 2012
CCOO y UGT creen que el rescate confirma que la reforma más urgente de este país era la del sistema financiero
UGT y CCOO han hecho público un comunicado en el que, tras conocer la decisión del Eurogrupo -a petición del Gobierno de Rajoy- de conceder un préstamo al Estado español para el rescate del sistema financiero, se ratifican en la exigencia del movimiento sindical de que la primera reforma que necesitaba este país no era la laboral sino la del sistema financiero. CCOO y UGT advierten que lo ocurrido no deriva de una iniciativa voluntaria del Ejecutivo de Rajoy, sino que obedece a una imposición de las autoridades europeas.
Ambos sindicatos consideran, por otro lado, que el rescate del sistema financiero español demuestra, tanto la incapacidad de nuestros gobernantes de impulsar una verdadera reforma de las entidades financieras españolas, como la ausencia de una estrategia concertada y ambiciosa para afrontar la salida de la crisis económica por la que atraviesa España. Una salida que no será posible si paralelamente el Gobierno español no activa una reforma fiscal orientada a dotar al Estado de los recursos necesarios para desarrollar las políticas públicas, la reactivación económica y de cohesión social.
UGT y CCOO denuncia igualmente la pésima pedagogía política ante la ciudadanía que supone disponer de ingentes recursos económicos para hacer frente al saneamiento y rescate del sistema financiero español, y la nula voluntad de la Unión Europea y del Gobierno de Mariano Rajoy de buscar y pelear por financiación y recursos para garantizar el Estado de bienestar y la atención de las personas que peor lo están pasando.
CCOO y UGT creen oportuno preguntarse si el préstamo derivado del rescate pasa a engordar la deuda del Estado español, cómo va a poder devolverlo y de dónde va a sacar la liquidez necesaria. Por ello, es imprescindible la máxima transparencia y toda la información a la sociedad española del proceso a seguir y de sus posibles consecuencias sociales.
Al mismo tiempo UGT y CCOO consideran que deben exigirse responsabilidades a aquellos que nos han llevado a esta situación y que están eludiendo sistemáticamente dar explicaciones a la sociedad española.
CCOO y UGT alertan sobre el impacto que las medidas de saneamiento de las entidades financieras pueden tener en el empleo del sector. “Pelearemos decididamente para que la mala gestión de algunos directivos de bancos y cajas y la incapacidad de las autoridades políticas no acaben pagándola, una vez más, los trabajadores y trabajadoras de estas entidades”, concluyen ambos sindicatos.
Por último, UGT y CCOO lamentan nuevamente que, dada la trascendencia de las medidas adoptadas, el Gobierno no haya convocado a los agentes sociales y que no haya sido el propio Presidente quien haya dado explicaciones a la ciudadanía española.
Iglesia católica en España 2012 y FINANCIACIÓN
Algunos datos sobre la financiación de la iglesia católica en España 2012
Fuente del este Documento: Del viernes,
06 de abril de 2012. Publicado el viernes, 06 de
abril de 2012. Autor: Francisco Delgado. Presidente
Europa Laica.Fuente: Laicismo.org.
LA IGLESIA CATÓLICA OFICIAL NO SUFRE LA CRISIS Y,ADEMÁS, DISFRUTA DE UN PARAÍSO FISCAL
El Estado español (central y periférico) aporta a la iglesiacatólica, en subvenciones directas y exención de tributosmás
de ONCE MIL millones de euros anuales.
Esa
elevadísima cantidad supone que la iglesia católica se apropia
de más del 30% de los recursos adicionales que propone
obtener el Gobierno, para los Presupuestos de 2012,
equivalente a más del 1% del Producto Interior Bruto de España.
Un
dato muy importante: Cada persona residente en España, sea católica
o no, dedica una cuota o dádiva anual a la iglesia católica de unos
260 euros. Unos 1.000 €, por familia.
La
iglesia católica española es inmensamente rica, no está sufriendo
la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al
estar libre de la mayoría de los impuestos, como el IBI, obras,
sociedades, etc. Y la inmensa mayoría de los bienes que están en su
poder y de sus cuentas son totalmente opacas. Esta situación es
ilegítima y presuntamente ilegal, hecho que es aceptado u omitido
por los poderes públicos, que podrían estar cometiendo diversos
presuntos delitos, por su complicidad ante esta situación.
Resumen aproximado de aportaciones directas del Estado (central y periférico) y valoraciónpor exención de impuestos. Contabilizados globalmente en millones de euros (M€), directos ala iglesia católica y sus organizaciones, asociaciones y fundaciones,
Asignación
vía IRPF-2010 (para financiación del culto y el clero) 248,3
M€ (*)
Asignación
IRPF-fines sociales –aproximado-
................................110 M€
Exenciones
y bonificaciones tributarias:
*IBI,
patrimonio, impuesto de la renta, sociedades, obras...… 2.500
M€
Enseñanza:
*Personas que imparte religión católica: ..................
500 M€
*Financiación
de centros de ideario católico:................. 3.900 M€
Para
asistencia sanitaria y para la obra
social:............................. 1.800 M€
Asistencia
hospitalaria directa
(CCAA)............................................. 900 M€
Funcionarios
capellanes (ejército, cuarteles, hospitales…)........... 25
M€
Mantenimiento
del patrimonio en poder de la iglesia católica...... 700 M€
Subvenciones
y gastos eventos religiosos, es .............................. 400
M€
El
Gobierno, coparticipa en entidades católicas, como la Obra Pía…
10 M€
(*) 1.162.000
euros menos que del IRPF de 2009
Los 248,3 m€ que el Estado ingresa a la iglesia católica, como consecuencia del
Número de contribuyentes que señalaron la casilla, se detraen del monto total delIRPF. Éstos contribuyentes no pagan más. Por lo tanto son TODOS los contribuyenteslos que pagan el “canon”. Hecho totalmente ilegal e injustificable.
Esta
es una de las 11 páginas del documento. Para leer el documento
completo abre el archivo PDF QUE PUEDES encontrar en
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_548.pdf
2012.
FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA. EUROPA LAICA
--
Agradecidos
a Amparo
sábado, 9 de junio de 2012
Benito Rabal en MUNDO OBRERO
Fuente: Contraportada de MUNDO OBRERO junio 2012.
MO C/Olimpo 35, 28043 Madrid - Telf. 91 300 49 69
Fax 91 300 47 44
mundo-obrero@pce.es
viernes, 8 de junio de 2012
Nueva campaña de la Sección Sindical CNT - AIT
IMAGEN de la nueva campaña de la sección sindical CNT-AIT / RTVE.
"Defiende tu puesto de trabajo.
Defiende el servicio público.
Defiende RTVE."
lunes, 4 de junio de 2012
QUIEREN ACABAR CON TODO Y NO QUIEREN QUE LO CONTEMOS
VER VIDEO DE LA CONCENTRACIÓN DEL 5 DE JUNIO DE 2012
en enlace de TOMA LA TELE 0.1. : http://www.tomalatele.tv/web/?p=1717
MARCHAS EN DEFENSA DE RTVE y de los medios de comunicación 5 DE JUNIO DE 2012
Por la mañana a las 12:00 En los centros de trabajo
PRADO DEL REY PARKING EDIFICIO TVE Y TORRESPAÑA ENTRE LOS EDIFICIOS A Y B
Marcha por los centros de trabajo, lectura de manifiesto y 1 min. de presencia sonora.
Por la tarde, a las 18:00 horas frente al TEATRO MONUMENTAL. Junto al monumento EL ABRAZO en memoria a los ABOGADOS Asesinados de la calle Atocha. Desde donde se iniciará una Marcha por las calles hasta la Concentración de las 19:00 de la Puerta del Sol con el resto de medios de comunicación
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