ALTERNATIVAS PARA UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
MANIFIESTO
POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
Quienes firmamos este Manifiesto somos personas vinculadas a la Universidad y al mundo del trabajo, preocupadas por la gestión antisocial de la actual crisis económica, ante la que nos sentimos obligadas a levantar nuestra voz y hacer llegar nuestras propuestas, con la pretensión de convocar a la reflexión y la acción colectivas.
No podemos ni queremos permanecer impasibles ante una crisis cuyas causas y efectos resultan claramente asimétricos, pues mientras se exime de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se pretende invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía en general, al focalizar las hipotéticas soluciones en la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar:
• El paro alcanza ya dimensiones dramáticas, tanto en términos agregados (casi seis millones de personas desempleadas), como generacionales (más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas) y, especialmente, sociales y humanos, para quienes viven con angustia el agotamiento de sus prestaciones e incluso de sus esperanzas, al tiempo que asisten indignados al impúdico espectáculo del rescate de bancos e indemnización de banqueros.
• Muchos ciudadanos y ciudadanas se ven hoy privados del derecho a la vivienda, no sólo por la dificultad para acceder a la misma, sino porque están perdiendo las que adquirieron trabajosamente en su momento sin que los poderes públicos reaccionen.
• Otros derechos sociales fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a esos derechos.
• El desmantelamiento del Estado Social se aprecia en otros muchos aspectos, tales como la postergación de la atención a las personas dependientes, la falta de interés hacia la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, el atentado constante a los derechos laborales básicos, etc.
Todo ello se justifica mediante falsos argumentos que pretenden presentar como necesario lo que no lo es, o
que quieren amparar esas políticas regresivas en una falta de recursos irreal y que podría eliminarse. Se oculta, por ejemplo, la reducción constante de la tributación sobre las rentas altas y las rentas de capital, se oculta que sería posible una acción concertada contra el fraude y los paraísos fiscales, se oculta que sería posible imponer una tasa a las transacciones de capital, se oculta, en definitiva, el desigual trato que supone conceder una amnistía fiscal muy generosa en momentos en los que hacen falta recursos y en los que la mayoría de las personas, generalmente de rentas medias y bajas, han pagado rigurosamente sus impuestos. Pero, sobre todo, se pretende que ignoremos que los recursos que supuestamente faltan sí que existen y se utilizan ampliamente para tapar la crisis financiera sin dar explicaciones sobre la misma, sin buscar donde está el dinero supuestamente perdido pero que no puede haber desparecido y, lo que es más grave, pretendiendo no exigir ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
En el ámbito de las relaciones laborales, constatamos cómo se reforma la legislación no para hacer más flexibles y modernas a nuestras empresas, sino simplemente para reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de derechos laborales. Se flexibiliza el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, dejando sin eficacia los convenios tras su denuncia en un corto período de tiempo y remitiendo a una negociación en la empresa que resulta prácticamente imposible en la mayoría de los casos dado el predomino en nuestro país de las pequeñas y micro-empresas, en las que el empleador no tiene interlocutores que contrarresten su poder, por lo que acabará imponiendo unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que constituye, en definitiva, el objetivo último de una reforma orientada a desregular las relaciones laborales y debilitar las funciones representativas y de interlocución del sindicalismo.
Por esta vía el Estado Social acaba reducido a la nada o a su mínima expresión, y ello va acompañado de un
regreso al autoritarismo frente a las resistencias crecientes que encuentran estas políticas. Así, se busca cercenar derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho de huelga y directamente se pretende criminalizar la disidencia. No es solamente el Estado Social lo que está en peligro, sino directamente el propio Estado de Derecho.
A ello se unen las actitudes despóticas y autoritarias que vemos a diario: se legisla en contra de lo pactado días antes por empresarios y trabajadores, despreciando el esfuerzo de las organizaciones sindicales y empresariales en su proceso de negociación; se niegan las explicaciones de las medidas, no ya en el Parlamento, recurriendo a la legislación por Decreto Ley, sino ignorando a quienes legítimamente deberían recibir esas explicaciones, como en el reciente desprecio hacia los Rectores Universitarios; se ignoran las asociaciones cívicas, por ejemplo de dependientes o de estudiantes y sus justas reivindicaciones; se recuperan fórmulas superadas por su autoritarismo e incompatibilidad con el sistema democrático, como el arbitraje obligatorio; se derogan los derechos de las personas que trabajan en el sector público y sus pactos y acuerdos sin siquiera someter las medidas previamente a la negociación, etc.
Pero además todo ello reduce el consumo, empobrece a la sociedad y a la ciudadanía y agrava la crisis, sin
olvidar la injusticia social y la regresión política que todas estas medidas suponen, cuyo efecto agregado no hace sino agravar las dimensiones de la crisis económica, poniendo de manifiesto que no tienen por objeto atajar sus causas ni paliar sus efectos sino, en una operación claramente ideológica, utilizar la crisis como coartada para reforzar los privilegios de los poderosos, desmantelar el Estado de Bienestar y desactivar los sujetos de protesta y propuesta social, especialmente el sindicalismo confederal y de clase.
Pero otra política es posible; el documento marco del I Congreso sobre Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1º de Mayo (Centro Sindical de Estudios de CCOO) lo demuestra y a él nos remitimos.
Es posible una política que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales, devolviendo el protagonismo a quienes trabajan, a sus empleadores, a las organizaciones sindicales y empresariales. Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando el consumo y la inversión y no pretendiendo falsamente competir por la simple reducción de costes salariales.
Es posible una política que defienda nuestros derechos sociales básicos; el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad.
Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes.
Para ello es posible generar recursos e ilusionar a la sociedad con su futuro, pues esas son las políticas que la mayor parte de ella espera y reclama, y esa no es una aspiración, una exigencia y un derecho que se reclame sólo en España, es una exigencia mundial, planteada con toda su rotundidad en la cumbre Rio+20, en los documentos de la ONU y la OIT, sentida por los movimientos sociales en numerosos Estados.
Por eso queremos alzar nuestra voz en defensa del Estado Social, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales, en defensa de un Derecho del Trabajo que proteja a quienes trabajan pues para eso nació, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis.
Hay alternativa, construyámosla, exijámosla
POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
Quienes firmamos este Manifiesto somos personas vinculadas a la Universidad y al mundo del trabajo, preocupadas por la gestión antisocial de la actual crisis económica, ante la que nos sentimos obligadas a levantar nuestra voz y hacer llegar nuestras propuestas, con la pretensión de convocar a la reflexión y la acción colectivas.
No podemos ni queremos permanecer impasibles ante una crisis cuyas causas y efectos resultan claramente asimétricos, pues mientras se exime de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se pretende invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía en general, al focalizar las hipotéticas soluciones en la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar:
• El paro alcanza ya dimensiones dramáticas, tanto en términos agregados (casi seis millones de personas desempleadas), como generacionales (más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas) y, especialmente, sociales y humanos, para quienes viven con angustia el agotamiento de sus prestaciones e incluso de sus esperanzas, al tiempo que asisten indignados al impúdico espectáculo del rescate de bancos e indemnización de banqueros.
• Muchos ciudadanos y ciudadanas se ven hoy privados del derecho a la vivienda, no sólo por la dificultad para acceder a la misma, sino porque están perdiendo las que adquirieron trabajosamente en su momento sin que los poderes públicos reaccionen.
• Otros derechos sociales fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a esos derechos.
• El desmantelamiento del Estado Social se aprecia en otros muchos aspectos, tales como la postergación de la atención a las personas dependientes, la falta de interés hacia la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, el atentado constante a los derechos laborales básicos, etc.
Todo ello se justifica mediante falsos argumentos que pretenden presentar como necesario lo que no lo es, o
que quieren amparar esas políticas regresivas en una falta de recursos irreal y que podría eliminarse. Se oculta, por ejemplo, la reducción constante de la tributación sobre las rentas altas y las rentas de capital, se oculta que sería posible una acción concertada contra el fraude y los paraísos fiscales, se oculta que sería posible imponer una tasa a las transacciones de capital, se oculta, en definitiva, el desigual trato que supone conceder una amnistía fiscal muy generosa en momentos en los que hacen falta recursos y en los que la mayoría de las personas, generalmente de rentas medias y bajas, han pagado rigurosamente sus impuestos. Pero, sobre todo, se pretende que ignoremos que los recursos que supuestamente faltan sí que existen y se utilizan ampliamente para tapar la crisis financiera sin dar explicaciones sobre la misma, sin buscar donde está el dinero supuestamente perdido pero que no puede haber desparecido y, lo que es más grave, pretendiendo no exigir ninguna responsabilidad por lo ocurrido.
En el ámbito de las relaciones laborales, constatamos cómo se reforma la legislación no para hacer más flexibles y modernas a nuestras empresas, sino simplemente para reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de derechos laborales. Se flexibiliza el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, dejando sin eficacia los convenios tras su denuncia en un corto período de tiempo y remitiendo a una negociación en la empresa que resulta prácticamente imposible en la mayoría de los casos dado el predomino en nuestro país de las pequeñas y micro-empresas, en las que el empleador no tiene interlocutores que contrarresten su poder, por lo que acabará imponiendo unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que constituye, en definitiva, el objetivo último de una reforma orientada a desregular las relaciones laborales y debilitar las funciones representativas y de interlocución del sindicalismo.
Por esta vía el Estado Social acaba reducido a la nada o a su mínima expresión, y ello va acompañado de un
regreso al autoritarismo frente a las resistencias crecientes que encuentran estas políticas. Así, se busca cercenar derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho de huelga y directamente se pretende criminalizar la disidencia. No es solamente el Estado Social lo que está en peligro, sino directamente el propio Estado de Derecho.
A ello se unen las actitudes despóticas y autoritarias que vemos a diario: se legisla en contra de lo pactado días antes por empresarios y trabajadores, despreciando el esfuerzo de las organizaciones sindicales y empresariales en su proceso de negociación; se niegan las explicaciones de las medidas, no ya en el Parlamento, recurriendo a la legislación por Decreto Ley, sino ignorando a quienes legítimamente deberían recibir esas explicaciones, como en el reciente desprecio hacia los Rectores Universitarios; se ignoran las asociaciones cívicas, por ejemplo de dependientes o de estudiantes y sus justas reivindicaciones; se recuperan fórmulas superadas por su autoritarismo e incompatibilidad con el sistema democrático, como el arbitraje obligatorio; se derogan los derechos de las personas que trabajan en el sector público y sus pactos y acuerdos sin siquiera someter las medidas previamente a la negociación, etc.
Pero además todo ello reduce el consumo, empobrece a la sociedad y a la ciudadanía y agrava la crisis, sin
olvidar la injusticia social y la regresión política que todas estas medidas suponen, cuyo efecto agregado no hace sino agravar las dimensiones de la crisis económica, poniendo de manifiesto que no tienen por objeto atajar sus causas ni paliar sus efectos sino, en una operación claramente ideológica, utilizar la crisis como coartada para reforzar los privilegios de los poderosos, desmantelar el Estado de Bienestar y desactivar los sujetos de protesta y propuesta social, especialmente el sindicalismo confederal y de clase.
Pero otra política es posible; el documento marco del I Congreso sobre Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1º de Mayo (Centro Sindical de Estudios de CCOO) lo demuestra y a él nos remitimos.
Es posible una política que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales, devolviendo el protagonismo a quienes trabajan, a sus empleadores, a las organizaciones sindicales y empresariales. Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando el consumo y la inversión y no pretendiendo falsamente competir por la simple reducción de costes salariales.
Es posible una política que defienda nuestros derechos sociales básicos; el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad.
Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes.
Para ello es posible generar recursos e ilusionar a la sociedad con su futuro, pues esas son las políticas que la mayor parte de ella espera y reclama, y esa no es una aspiración, una exigencia y un derecho que se reclame sólo en España, es una exigencia mundial, planteada con toda su rotundidad en la cumbre Rio+20, en los documentos de la ONU y la OIT, sentida por los movimientos sociales en numerosos Estados.
Por eso queremos alzar nuestra voz en defensa del Estado Social, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales, en defensa de un Derecho del Trabajo que proteja a quienes trabajan pues para eso nació, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis.
Hay alternativa, construyámosla, exijámosla
Estimados compañeros y compañeras:
Copiamos los enlaces al vídeo: "Ningún país ha salido de la crisis con austeridad",
sobre la conferencia de Joseph Stiglitz en la inauguración del I
Congreso Trabajo, Economía y Sociedad organizado por la Fundación 1º de
Mayo de CCOO.
También os copiamos los enlaces al vídeo: ¡Manifestación 20J: No nos van a callar!.
Os agradeceríamos su difusión.
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