La
crisis estructural que actualmente atraviesa el sistema y que padece la
mayoría social trabajadora es el contexto perfecto del que se sirven el
poder financiero y los gestores del capitalismo a su servicio para
atacar y desmantelar los derechos sociales y laborales y los servicios
públicos que tanta lucha costaron. La consecuencia inmediata de estas
agresiones es la respuesta popular masiva de más movilización y más
lucha, a lo que el Gobierno central reacciona con más represión y más
criminalización, con el objetivo de amedrentar y de sembrar el miedo y
la desmovilización.
Durante la manifestación de ayer 23 de febrero de
2013 fueron detenidas 45 personas en Madrid, de entre las cuales 9 eran
menores de edad. Son personas cuya acción se limitaba a protestar contra
un sistema cada días más decadente. No hay justificación jurídica
posible para esta estrategia de actuación policial y judicial abusiva y
desmesurada, que sí tiene sin embargo una evidente motivación política.
Recordando el caso de Alfon, quizá el más grave de
los últimos tiempos, se suman los casos diarios de identificaciones
arbitrarias; las infiltraciones de la Policía en las organizaciones
políticas y sindicales, los movimientos sociales y las manifestaciones;
las cargas policiales, cada vez más habituales; las multas; las
detenciones y peticiones de cárcel; los maltratos; la deslegitimación y
la difamación públicas y mediáticas que demasiado a menudo y demasiado
intencionadamente son ejercidas por personas con responsabilidades de
Gobierno; y un largo y triste etcétera que constata una escalada de
violencia institucional y un recrudecimiento de la represión que
recuerdan a otro tiempo que algunos creían pasado, zanjado y olvidado.
El Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, con
Cristina Cifuentes dirigiendo el instrumento represor, aplaude a la
minoría silenciosa y castiga brutalmente a la mayoría que se niega a
guardar silencio y asumir los retrocesos democráticos y sociales que ese
mismo Gobierno quiere imponer. Una mayoría social que lucha
democráticamente, en su sentido más puro, para que las condiciones
materiales de vida de las personas sean mejores y más dignas. La misma
mayoría social que siempre ha sido el motor de cambio y de progreso de
la Historia.
Por ello, la UJCE condena la represión de las luchas,
los movimientos sociales y las personas que los integran, y en
particular la sufrida por estas 9 personas menores de edad, de entre las
cuales 4 son camaradas de la UJCE,e insta al cese de dicha represión y a
la absolución de todas las personas represaliadas por luchar
democráticamente.
Fuente: http://www.jcmadrid.org/jc/
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